Antecedentes del caso

El Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) interpuso una acción de cumplimiento contra la Universidad Popular del Cesar con el fin de exigir el cumplimiento de dos acuerdos colectivos suscritos en 2013. Estos acuerdos establecían beneficios laborales para funcionarios sindicalizados próximos a pensionarse. Sin embargo, la universidad derogó dichos acuerdos mediante decisiones posteriores de 2017, argumentando la pérdida de vigencia y la inexistencia de presupuesto para cubrir los compromisos.

Decisión judicial de primera instancia y apelación

El Tribunal Administrativo del Cesar declaró improcedente la acción de cumplimiento, señalando que los acuerdos colectivos implicaban erogaciones no presupuestadas y que no se cumplían los requisitos para ordenar su ejecución. El sindicato apeló, argumentando que la derogación de los acuerdos colectivos no cumplió con las formalidades legales y que la universidad se rehusaba a cumplir sus compromisos.

Análisis y fallo del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo analizó tres aspectos fundamentales: la naturaleza de la acción de cumplimiento, la prueba de la renuencia de la autoridad demandada y la procedencia del cumplimiento de los acuerdos. Se recordó que la acción de cumplimiento procede únicamente para hacer efectivos mandatos consignados en leyes o actos administrativos vigentes. Las convenciones colectivas de trabajo, al ser acuerdos entre empleadores y sindicatos, no constituyen actos administrativos ni leyes, sino condiciones particulares de los contratos laborales. Por ello, no cumplen con el requisito legal para activar esta acción. Además, se confirmó que el sindicato cumplió con el requisito de constituir en renuencia a la universidad, al solicitar el cumplimiento y recibir una respuesta negativa. Finalmente, se concluyó que...