Antecedentes y objeto de la demanda

Un ciudadano presentó acción de cumplimiento contra la Secretaría de Tránsito de Valledupar, la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el fin de ordenar la anulación de multas impuestas mediante vehículos conocidos como «caza infractores», que utilizan sistemas automáticos para la detección de infracciones de tránsito sin autorización adecuada. Además, solicitó el retiro de estos vehículos y que la imposición de comparendos se realice de manera presencial, garantizando la individualización del infractor y un tiempo prudencial para retirar el vehículo en caso de estacionamiento prohibido.

Contestación y trámite en primera instancia

Las entidades demandadas negaron incumplimientos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial manifestó no tener competencia en la operación de sistemas automáticos de detección ni en la imposición de comparendos. El Ministerio de Transporte indicó que su función es regulatoria y no ejecutiva en materia de tránsito local, y la Superintendencia de Puertos y Transporte afirmó que no le corresponde imponer sanciones ni controlar directamente a la Secretaría de Tránsito local. La Secretaría de Tránsito de Valledupar defendió la legalidad de sus procedimientos y negó irregularidades. El Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a la demanda, ordenando el cumplimiento estricto de los procedimientos de notificación de comparendos y verificando el respeto al debido proceso.

Análisis del Consejo de Estado

La Sala Quinta del Consejo de Estado, competente para la segunda instancia, revisó la acción de cumplimiento bajo los requisitos de procedibilidad y renuencia, estableciendo que: - El Ministerio de Transporte carece de legitimación pasiva en la causa, por no haber sido constituido en renuencia...