La Sala Quinta del Consejo de Estado decidió revocar la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, que había ordenado al municipio de Valledupar cumplir con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, relacionado con el uso de vehículos denominados “caza infractores” para imponer comparendos.

Antecedentes del caso

La acción de cumplimiento fue iniciada para exigir el acatamiento de varias disposiciones legales y administrativas sobre la imposición de multas mediante sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos (SAST) en el municipio de Valledupar. La demanda solicitaba la anulación de multas impuestas sin autorización previa, el retiro de los vehículos usados para imponer sanciones y que la imposición de comparendos se realizara presencialmente, garantizando la individualización del infractor y otorgando tiempo prudencial para retirar vehículos mal estacionados. El Tribunal Administrativo del Cesar, en primera instancia, ordenó al municipio cumplir el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, al considerar que no se respetó el debido proceso en la imposición de un comparendo específico. Sin embargo, negó las demás pretensiones por falta de obligación clara o competencia de las autoridades demandadas.

Decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado evaluó los requisitos procesales para la acción de cumplimiento, destacando la necesidad de acreditar la renuencia de la autoridad demandada, es decir, que se haya solicitado previamente el cumplimiento y que esta se haya negado o no haya respondido en el plazo legal. Se constató que la solicitud se dirigió correctamente a la Secretaría de Tránsito de Valledupar y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero no al Ministerio de Transporte,...