Antecedentes del caso

Un ciudadano presentó una acción de cumplimiento contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, la Superintendencia de Puertos y Transporte, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La acción buscaba el acatamiento de varias disposiciones del Código Nacional de Tránsito y una resolución del Ministerio de Transporte, solicitando la anulación de multas impuestas mediante vehículos conocidos como "caza infractores" que operaban sin autorización para usar sistemas automáticos o semiautomáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST). El demandante cuestionó que las multas se impusieran sin la presencia visible de un agente de tránsito, mediante medios electrónicos o foto multas, lo que impediría la correcta individualización y notificación oportuna del infractor.

Respuesta de las entidades demandadas

Las entidades demandadas alegaron que no tenían competencia para cumplir con lo solicitado, pues el municipio de Valledupar no contaba con dispositivos SAST en operación y las multas eran impuestas por agentes de tránsito con apoyo de dispositivos electrónicos operados manualmente. Además, señalaron que la acción de cumplimiento no era el mecanismo adecuado para controvertir la legalidad de los comparendos, los cuales deben ser impugnados por las vías ordinarias.

Decisión de primera instancia y recurso de apelación

El Tribunal Administrativo del Cesar ordenó a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar cumplir parcialmente con lo solicitado, pero declaró improcedente la solicitud respecto a otras normas y entidades. Posteriormente, el municipio de Valledupar interpuso recurso de apelación ante el Consejo de Estado.

Análisis y fallo del Consejo de Estado

La Sala Quinta del Consejo de Estado revisó el cumplimiento del requisito de la constitución...