El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fijó los honorarios correspondientes al perito designado en un proceso de reparación directa iniciado por una empresa minera contra el Municipio de La Jagua de Ibirico. La demanda se presentó por perjuicios materiales derivados de la inejecución de una resolución que amparaba la posesión y tenencia de un inmueble destinado a parqueadero de maquinaria pesada.

Normativa aplicable y procedimiento

El proceso está regulado por la Ley 1437 de 2011 y las modificaciones introducidas por la Ley ...