El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fijó los honorarios correspondientes al perito designado en un proceso de reparación directa iniciado por una empresa minera contra el Municipio de La Jagua de Ibirico. La demanda se presentó por perjuicios materiales derivados de la inejecución de una resolución que amparaba la posesión y tenencia de un inmueble destinado a parqueadero de maquinaria pesada.

Normativa aplicable y procedimiento

El proceso está regulado por la Ley 1437 de 2011 y las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, que establecen que los honorarios del perito deben fijarse mediante auto judicial que tiene mérito ejecutivo. Según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la parte que solicita el dictamen pericial es responsable del pago de los honorarios, salvo que el dictamen sea solicitado por ambas partes o decretado de oficio, en cuyo caso el costo se reparte. Además, el Consejo Superior de la Judicatura mantiene un listado actualizado de peritos y regula los parámetros para la fijación de honorarios, considerando aspectos como la complejidad del proceso, la cuantía de las pretensiones, la duración del peritaje, los requerimientos técnicos y la naturaleza de los bienes involucrados.

Análisis del caso concreto

En el caso analizado, el peritaje consistió en determinar el lucro cesante, daño emergente y afectación al buen nombre de la parte demandante. El informe abarcó la evaluación de 45 máquinas ubicadas en el municipio mencionado, para lo cual el perito contó con el apoyo de un ingeniero mecánico y utilizó documentación proporcionada por la parte demandante. La duración del peritaje fue de un mes y 20 días, y el informe final incluyó un volumen considerable de documentos y evidencias. Se reconoció que la labor tuvo una complejidad media, requiriendo conocimientos contables y financieros especializados. En consecuencia, los honorarios fueron fijados en 200 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a nueve millones cuatrocientos noventa mil pesos ($9.490.000). Esta suma deberá ser cancelada por la parte demandante dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la providencia.

Implicaciones y cumplimiento

La fijación de honorarios busca garantizar la remuneración justa para los peritos, acorde con la complejidad y duración de su trabajo, y asegurar el adecuado desarrollo del proceso judicial. Tras la notificación de esta decisión, se continuará con el trámite del proceso de reparación directa. La providencia fue firmada electrónicamente y puede ser validada mediante el sistema oficial del Consejo de Estado. Esta medida refuerza la transparencia y la integridad en la gestión de procedimientos judiciales relacionados con la administración pública, contribuyendo a la confianza ciudadana en el sistema judicial.