El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fijó los honorarios correspondientes al perito designado en un proceso de reparación directa iniciado por una empresa minera contra el Municipio de La Jagua de Ibirico. La demanda se presentó por perjuicios materiales derivados de la inejecución de una resolución que amparaba la posesión y tenencia de un inmueble destinado a parqueadero de maquinaria pesada.

Normativa aplicable y procedimiento

El proceso está regulado por la Ley 1437 de 2011 y las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, que establecen que los honorarios del perito deben fijarse mediante auto judicial que tiene mérito ejecutivo. Según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la parte que solicita el dictamen pericial es responsable del pago de los honorarios, salvo que el dictamen sea solicitado por ambas partes o decretado de oficio, en cuyo caso el costo se reparte. Además, el Consejo Superior de la Judicatura mantiene un listado actualizado de peritos y regula los parámetros para la fijación de honorarios, considerando aspectos como la complejidad del proceso, la cuantía de las pretensiones, la duración del peritaje, los requerimientos técnicos y la naturaleza de los bienes involucrados.

Análisis del caso concreto

En el caso analizado, el peritaje consistió en determinar el lucro cesante, daño emergente y afectación al buen nombre de la parte demandante. El informe abarcó la evaluación de 45 máquinas ubicadas en el municipio mencionado, para lo cual el perito contó con el apoyo de un ingeniero mecánico y utilizó documentación proporcionada por la parte demandante....