El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, atendió el recurso de apelación interpuesto por una sociedad comercial contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio). El litigio surgió por la impugnación de decisiones relacionadas con la adjudicación de una licitación pública, protocolos de audiencia y la celebración de un contrato con un tercero. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó inicialmente las pretensiones de la demanda, lo que motivó el recurso de apelación ante el Consejo de Estado. En esta instancia, la parte demandante solicitó la admisión de una prueba sobreviniente consistente en un oficio expedido por el Ministerio, con el fin de controvertir el monto de las costas fijadas en primera instancia y demostrar que el Ministerio no había contratado representación legal externa para el proceso. La Sala examinó el fondo de la solicitud a la luz del artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que establece las condiciones excepcionales para admitir pruebas en segunda instancia. Según esta norma, las pruebas deben versar sobre hechos ocurridos después del vencimiento del plazo para pedir pruebas en primera instancia, o cumplir alguno de los otros supuestos allí señalados. El análisis reveló que el oficio aportado no se refería a hechos posteriores al término para solicitar pruebas en primera instancia, dado que la información contenida —sobre contratos con abogados y peritos— correspondía a actos previos o concurrentes a dicha etapa procesal. Además, no se configuró ninguna de las demás causales para admitir pruebas en segunda instancia, como acuerdo...