El caso se originó por la demanda interpuesta contra la Nación, el municipio de Santiago de Cali y la empresa encargada del transporte público, en busca de reparación por el retiro forzoso, destrucción y cancelación de matrículas de vehículos tradicionales de transporte colectivo urbano, tras la implementación del sistema integrado de transporte masivo. Los demandantes alegaron que dicha implementación implicó una presión administrativa para que cedieran los derechos de chatarrización de sus vehículos a cambio de una compensación económica que consideraron insuficiente, sin indemnizar adecuada ...