El caso se originó por la demanda interpuesta contra la Nación, el municipio de Santiago de Cali y la empresa encargada del transporte público, en busca de reparación por el retiro forzoso, destrucción y cancelación de matrículas de vehículos tradicionales de transporte colectivo urbano, tras la implementación del sistema integrado de transporte masivo. Los demandantes alegaron que dicha implementación implicó una presión administrativa para que cedieran los derechos de chatarrización de sus vehículos a cambio de una compensación económica que consideraron insuficiente, sin indemnizar adecuadamente el lucro cesante ocasionado por la imposibilidad de continuar su actividad económica. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca negó inicialmente las pretensiones, argumentando falta de legitimación activa para uno de los demandantes y ausencia de prueba de daño o coerción para los demás. Además, señaló que la compensación otorgada por el fondo creado para mitigar el impacto económico había sido reconocida y no se alegó su incumplimiento durante el proceso.

Decisión del Consejo de Estado

En apelación, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se centró en analizar las pretensiones de uno de los demandantes, concluyendo que la acción de reparación directa no era el mecanismo procesal idóneo, dado que lo reclamado se fundamentaba en cuestionamientos sobre la legalidad y motivación de actos administrativos que autorizaron la cancelación de matrículas. La Sala recordó que, en casos similares, el medio adecuado para controvertir estos actos es la nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término legal correspondiente. Asimismo, la Sala confirmó que el demandante había solicitado voluntariamente el proceso de desintegración física del vehículo, lo que...