Propósito general y objetivo principal del proyecto

El proyecto de resolución presentado por la Superintendencia de Industria y Comercio tiene como propósito fundamental modificar varios capítulos de la Circular Única de la entidad, específicamente los Títulos II, V y VII. Estas modificaciones se enmarcan en el proceso de depuración normativa impulsado por la Ley 2085 de 2021, cuyo objetivo es eliminar disposiciones legales obsoletas, redundantes o incompatibles con la Constitución actual, con el fin de actualizar y armonizar el ordenamiento jurídico colombiano. El objetivo principal es optimizar la normatividad vigente para mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión pública y en la atención al consumidor. En particular, se busca fortalecer la protección de los derechos de los usuarios en sectores como el automotor, electrodomésticos y la protección de datos personales, así como garantizar un marco legal claro y actualizado para productores, ensambladores, importadores y proveedores.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

Entre las modificaciones más relevantes, el proyecto establece nuevas disposiciones sobre la garantía de calidad y servicio postventa para vehículos y motocicletas. Se definen términos específicos para la duración de la garantía, diferenciando según el tipo de vehículo y estableciendo límites claros en tiempo y kilometraje. Por ejemplo, para vehículos particulares la garantía será de doce meses o veinte mil kilómetros, lo que ocurra primero. Además, se excluyen de esta obligación las motocicletas destinadas a competencias deportivas, otorgando mayor flexibilidad a fabricantes y ensambladores en esos casos. Otra innovación importante se encuentra en la implementación de un mecanismo institucional detallado para la recepción y trámite de PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) en el sector automotor y electrodomésticos. Este mecanismo debe ser documentado y accesible para los consumidores, incluyendo canales digitales y físicos, procedimientos internos claros, tiempos máximos de respuesta y codificación sistemática de cada PQR para un seguimiento eficiente. Además, se regula la información que debe entregarse a los consumidores, como guías específicas sobre garantías para vehículos usados y advertencias claras sobre límites legales en el cobro de intereses en sistemas de financiación. En materia de protección de datos personales, se actualizan las obligaciones relacionadas con la inscripción y actualización de bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD). Se establecen plazos precisos para la actualización de información, así como requisitos para la entrega segura de datos a titulares y personas autorizadas, reforzando la seguridad y el cumplimiento de la ley de hábeas data.

Acciones y regulaciones específicas establecidas

El proyecto contempla la obligación de que productores, ensambladores e importadores mantengan actualizada y disponible la información completa sobre sus redes autorizadas de concesionarios, talleres y expendedores de repuestos. Deben informar a la Superintendencia cualquier modificación en sus mecanismos de atención al consumidor en un plazo máximo de diez días hábiles. Asimismo, se regula la forma en que debe entregarse la información sobre garantías, permitiendo formatos digitales o impresos según la solicitud del consumidor. Se especifican también los procedimientos para la revisión periódica de tablas de factores en sistemas de financiación, asegurando que reflejen correctamente las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera. Se introduce una importante modificación en el procedimiento para demandas sobre competencia desleal, señalando que se aplicará el proceso verbal establecido en el Código General del Proceso, lo que aporta claridad y uniformidad en su tramitación.

Impacto esperado y alcance potencial

Estas modificaciones buscan promover un entorno más transparente, eficiente y justo para consumidores y productores. Al precisar términos claros de garantía y establecer mecanismos institucionales robustos para la atención de PQR, se fortalece la confianza del consumidor y se fomenta la protección efectiva de sus derechos. Además, la depuración normativa contribuye a la simplificación y modernización del marco regulatorio, eliminando disposiciones obsoletas o redundantes, lo que facilita el cumplimiento por parte de los agentes económicos y la supervisión por parte de la autoridad. El proyecto también garantiza una mejor protección de datos personales y facilita el acceso a la información para los titulares, en línea con los principios constitucionales de transparencia y debido proceso.

Participación de actores clave y proceso de consulta

El proyecto de resolución fue precedido por un proceso de consulta interna entre las delegaturas de la Superintendencia y una consulta pública realizada entre el 10 y el 25 de marzo de 2025. Esta última se llevó a cabo a través de la página web de la entidad y fue difundida en redes sociales para garantizar la participación ciudadana y de grupos de interés. Durante este proceso se recibieron 51 comentarios que fueron analizados y publicados en el portal de transparencia de la Superintendencia. La publicación oficial del proyecto en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) y en la página web institucional permitió que ciudadanos y sectores afectados enviaran sus opiniones, comentarios o propuestas alternativas dentro de los plazos establecidos, promoviendo así un proceso normativo abierto y participativo.

Acceso al proyecto y próximos pasos

La ciudadanía interesada puede consultar el texto completo del proyecto de resolución en la página oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio (www.sic.gov.co) y en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP). Asimismo, se invita al público general y a los actores del sector a revisar las modificaciones propuestas y a participar en los mecanismos de seguimiento y socialización que la entidad disponga. Una vez culminado el periodo de comentarios y realizado el análisis correspondiente, la Superintendencia procederá a la expedición definitiva de la resolución. Esta entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial, consolidando así un marco regulatorio más actualizado y eficiente.