Contexto y propósito del Decreto 0601 de 2025

El Decreto 0601 de 2025 fue expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 3 de junio de 2025 y publicado en el Diario Oficial No. 53.138 el 4 de junio del mismo año. Este acto administrativo responde a la necesidad de actualizar la escala salarial de los empleos públicos del Congreso de la República, en cumplimiento con las disposiciones legales vigentes y los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación colectiva adelantada en 2025 entre representantes sindicales y el Gobierno Nacional, conforme a lo estipulado en la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 1072 de 2015. El propósito principal del decreto es ajustar los salarios y prestaciones de los empleados públicos del Congreso con base en el incremento del IPC total certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2024, que fue del 5.2%, adicionando un 1.8% adicional, para un total de ajuste del 7%. Este ajuste salarial es retroactivo al 1º de enero de 2025, garantizando así la actualización efectiva de los ingresos de los servidores públicos legislativos.

Medidas y disposiciones establecidas

El decreto fija una escala de asignación básica mensual para los empleos del Senado y la Cámara de Representantes, con valores que van desde aproximadamente cuatro millones cuatrocientos mil pesos hasta más de diecisiete millones de pesos, según el grado del cargo. Adicionalmente, se establecen asignaciones básicas específicas para cargos directivos, tales como los Secretarios Generales y Directores Administrativos de ambas corporaciones, quienes recibirán una asignación básica mensual total superior a los treinta y un millones de pesos. El decreto también determina la asignación de primas mensuales de gestión para diversos cargos, con montos diferenciados según la responsabilidad y el grado del empleado. Importante destacar que estas primas no constituyen factor salarial para efectos legales. Por otra parte, se reconoce el derecho a la prima técnica conforme a los decretos previos que regulan esta prestación, o en su defecto, se establece una prima alternativa equivalente al 50% de la asignación básica del cargo, con la salvedad de que ambas primas son incompatibles y no pueden recibirse simultáneamente. El decreto contempla una bonificación de dirección para los cargos directivos y otros empleados de alto nivel, conforme a lo establecido en normativa previa, y garantiza beneficios adicionales como primas de servicios, vacaciones, navidad y bonificaciones por servicios prestados, equiparando las condiciones de los empleados del Congreso con las de los servidores públicos de la Rama Ejecutiva a nivel nacional. El subsidio de alimentación se establece para empleados con asignaciones básicas mensuales inferiores a dos millones setecientos setenta y cuatro mil pesos, con un monto mensual definido y condiciones específicas para su disfrute. Asimismo, los viáticos para miembros y empleados del Congreso se regirán por los valores definidos para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva.

Ámbito de aplicación y beneficiarios

El decreto aplica de manera directa a los empleados públicos del Congreso de la República, incluyendo el Senado y la Cámara de Representantes, abarcando desde cargos de nivel básico hasta los más altos cargos directivos de estas corporaciones. Se extiende a quienes actualmente ocupan empleos contemplados en la Ley 5ª de 1992 y normas que la modifiquen. Quedan excluidos quienes desempeñan empleos fuera del marco de esta ley o quienes reciban asignaciones de otras entidades públicas, salvo las excepciones legales establecidas, como las contempladas en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.

Implicaciones para la ciudadanía y las entidades legislativas

Este decreto tiene un impacto directo en la estructura salarial del Congreso, garantizando la actualización oportuna y legal de las remuneraciones de sus empleados. Para la ciudadanía, representa la transparencia y el cumplimiento de la normatividad en materia salarial dentro de las instituciones públicas. Para las entidades legislativas, implica la obligación de ajustar sus presupuestos y procesos administrativos para cumplir con los nuevos montos y condiciones establecidas, así como asegurar el respeto a las prohibiciones expresas del decreto, tales como la imposibilidad de modificar el régimen salarial sin autorización legal y la prohibición de que un servidor público perciba más de una asignación proveniente del Estado de forma simultánea.

Marco legal y vigencia

El decreto se expide en desarrollo de las disposiciones generales de la Ley 4ª de 1992, que reglamenta el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, y en cumplimiento de la negociación colectiva regulada por el Decreto 1072 de 2015. Además, deroga expresamente los decretos 289 y 927 de 2024, actualizando el marco normativo vigente para el presente año. En cuanto a su vigencia, el decreto entró en vigor desde su publicación oficial y tiene efectos fiscales retroactivos al 1º de enero de 2025, asegurando que los ajustes salariales apliquen desde el inicio del año fiscal.

Conclusión

El Decreto 0601 de 2025 constituye una herramienta fundamental para garantizar la actualización salarial de los empleados públicos del Congreso de la República, en concordancia con la inflación y acuerdos sindicales vigentes. Su implementación asegura la equidad salarial, la transparencia en el manejo de recursos públicos y el cumplimiento de la legalidad en el ámbito legislativo. La ciudadanía y las entidades públicas deben estar atentas a la correcta aplicación de estas disposiciones para fortalecer la confianza en las instituciones y promover un servicio público eficiente y justo.