Contexto del caso y competencia

La Sala Dual de Decisión de Instrucción de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conoció una indagación previa ordenada para investigar la presunta responsabilidad disciplinaria de los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. El origen del proceso fue un informe de la Sala de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional, que evidenció la remisión tardía de un expediente de tutela para su revisión. Esta Comisión es competente para conocer en primera instancia los procesos disciplinarios contra magistrados de tribunales administrativos, conforme a lo establecido en la Constitución Política y diversas leyes y acuerdos reglamentarios.

Análisis y hallazgos

El expediente en cuestión fue asignado a un magistrado ponente y su respectiva sala para su trámite en primera instancia. La providencia que ordenaba la remisión del expediente a la Corte Constitucional fue proferida el 17 de mayo de 2023, con plazo para enviar el expediente al día siguiente. Sin embargo, el envío efectivo se realizó casi diez meses después, generando sospechas de posible falta disciplinaria. No obstante, la Comisión determinó que la función de remitir físicamente los expedientes a la Corte Constitucional corresponde al personal asistencial y secretarial del tribunal, y no a los magistrados ponentes o integrantes de la sala. Por tanto, no puede atribuirse a los magistrados la demora registrada.

Decisión y consecuencias

En consecuencia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial decretó la terminación del procedimiento disciplinario y ordenó el archivo definitivo de las diligencias contra los magistrados involucrados, al no encontrarse indicios de conducta reprochable en su actuación. Adicionalmente, se ordenó remitir copias del expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca para que, en caso de corresponder, se investigue la posible responsabilidad del personal asistencial que manejó el trámite de la remisión tardía del expediente. Finalmente, se establecieron las formas de notificación y se recordó que contra esta decisión proceden los recursos legales correspondientes. Este caso reafirma la importancia de delimitar las responsabilidades dentro del proceso judicial y destaca la función específica del personal asistencial en la gestión documental, evitando atribuir a los magistrados falencias ajenas a sus competencias. De esta manera, se fortalece la confianza en la administración de justicia y se garantiza que las investigaciones disciplinarias se realicen con rigor y justicia.

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