Hechos y contexto del caso

En 2016, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales entre un abogado y la representante legal de los edificios A y B de una urbanización, para la gestión del cobro de cartera vencida. El profesional recibió sumas de dinero provenientes de acuerdos con propietarios morosos, pero incumplió con la obligación de rendir informes mensuales detallados y no reintegró oportunamente los remanentes de los dineros recaudados a la administración. Durante el proceso disciplinario, se determinó que el abogado sólo presentó un informe en junio de 2016, omitiendo consignar un abono importante realizado por uno de los propietarios. Además, no entregó a la administración el dinero recaudado ni realizó las diligencias judiciales necesarias para el cobro efectivo de las obligaciones pendientes. Se evidenció que, aunque realizó un reintegro parcial, quedó un saldo pendiente por cerca de un millón de pesos.

Decisión y fundamentos jurídicos

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá impuso inicialmente una sanción de seis meses de suspensión en el ejercicio profesional. Sin embargo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó parcialmente esta decisión, reduciendo la sanción a cinco meses debido a la prescripción parcial de algunos cargos. La sanción se fundamenta en la violación de los deberes profesionales de honradez y diligencia, previstos en la Ley 1123 de 2007, específicamente en los artículos relacionados con la obligación de entregar dineros recibidos y rendir informes oportunos. Se determinó que el abogado incurrió en conductas dolosas y culposas al no cumplir con las obligaciones contractuales y éticas, afectando la confianza y patrimonio de sus...