El caso se originó cuando una persona otorgó poder especial a un abogado para que asumiera la representación judicial en un proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio. El encargo incluía contestar la demanda y gestionar el trámite en primera y segunda instancia, así como ante la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, el representado negó formalizar un contrato de prestación de servicios con el abogado inicial y otorgó un poder especial a otro abogado para interponer una demanda ejecutiva conexa, buscando la regulación de honorarios, el reconocimiento de costas procesale ...