La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de la competencia asignada por la Constitución Política, resolvió aceptar el impedimento presentado por uno de sus magistrados en el marco de un proceso disciplinario. El impedimento fue solicitado en atención a la posible afectación de la imparcialidad del funcionario judicial por vínculos profesionales previos con una de las partes involucradas.

Origen del proceso disciplinario

El proceso disciplinario se originó a partir de una queja contra un profesional del derecho relacionada con manifestaciones realizadas en un medio de comunicación. Inicialmente, el caso fue asignado a una magistrada, quien emitió una providencia de terminación parcial, decisión apelada y posteriormente reasignada a otro magistrado.

Motivos del impedimento

El magistrado que solicitó el impedimento explicó que había brindado asesoría jurídica y representación judicial a una persona vinculada directa o indirectamente con el caso en estudio, lo que podría afectar su objetividad conforme a lo previsto en la ley sobre causales de impedimento para funcionarios judiciales encargados de la acción disciplinaria.

Garantía de imparcialidad y transparencia

La Comisión recordó que las causales de impedimento y recusación buscan garantizar la imparcialidad y objetividad en las decisiones judiciales, siendo un elemento fundamental del debido proceso. Además, destacó la jurisprudencia nacional e internacional que subraya la importancia de que los jueces se abstengan de participar en casos donde existan dudas objetivas sobre su imparcialidad. En este sentido, la Comisión consideró que, dada la relación profesional previa del magistrado con una de las partes y la conexión directa con el asunto disciplinario, existía un riesgo razonable de afectación de su imparcialidad, por lo que procedió a aceptar...