Antecedentes del caso

La queja disciplinaria tuvo origen en la reclamación de una representante legal de una empresa que solicitó un crédito para un proyecto apícola. Tras un siniestro ambiental en 2017 que afectó los resultados del proyecto, la entidad financiera inició acciones judiciales para el cobro de la deuda. Se cuestionó la actuación de funcionarios y abogados asociados a la entidad, alegando que no se tuvo en cuenta el siniestro ni se presentaron las pruebas correspondientes en el proceso ejecutivo.

Procedimiento disciplinario y decisiones

La investigación disciplinaria fue asignada a una magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, quien tras varias audiencias decretó la terminación anticipada del procedimiento contra los abogados involucrados. Se concluyó que una de las abogadas no estaba vinculada a la entidad financiera en el momento del siniestro ni tenía funciones relacionadas con la cobranza. Otro de los abogados, vinculado a la empresa encargada de la judicialización, no tenía evidencia de haber manejado el caso en cuestión. En cuanto al apoderado judicial que presentó la demanda ejecutiva, se determinó que su conducta ya había sido objeto de un proceso disciplinario anterior, cerrado con la misma decisión de terminación anticipada, lo que configuró el principio de non bis in ídem.

Fundamentos jurídicos y confirmación de la terminación

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de su competencia constitucional y legal, confirmó la decisión de terminación anticipada. Se fundamentó en la ausencia de elementos probatorios suficientes para atribuir faltas disciplinarias y en el respeto al debido proceso, incluyendo la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo...