Contexto y origen de la investigación

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia que sancionó disciplinariamente a un abogado por incurrir en faltas graves previstas en la Ley 1123 de 2007. La investigación se originó a partir de una queja interpuesta por representantes de sociedades comerciales en contra del abogado y un juez titular de un juzgado promiscuo del circuito.

Conducta investigada y hallazgos

El proceso disciplinario reveló que el abogado presentó una demanda ejecutiva basada en un supuesto título ejecutivo complejo que no cumplía con los requisitos legales, pues la sociedad relacionada ya estaba liquidada y el demandante no era accionista legítimo según el libro de accionistas. Además, el juez competente carecía de competencia territorial para conocer del asunto, pero emitió mandamientos de pago y medidas cautelares tras recibir ofrecimientos ilícitos de dinero. El proceso penal derivado concluyó con la aceptación de cargos por cohecho y prevaricato por parte del abogado y su representado, así como la muerte del juez involucrado.

Argumentos de la defensa y valoración de la comisión

El abogado apeló alegando que su aceptación de cargos fue coaccionada, que existía presunción de inocencia y que había aportado documentos que respaldaban la demanda. También cuestionó la competencia del juzgado y la autenticidad de la calidad accionaria de su cliente. Sin embargo, la Comisión consideró que la valoración probatoria fue amplia y rigurosa, confirmando la promoción de una causa manifiestamente contraria a derecho, la intervención en actos fraudulentos y la formulación de afirmaciones maliciosas para desviar el criterio judicial.

Decisión final y consecuencias

Se confirmó la sanción disciplinaria de suspensión por 36 meses y multa equivalente a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes. La Comisión destacó la gravedad de la conducta, que afectó la administración de justicia y la confianza pública, y rechazó los argumentos de nulidad, falta de competencia y presunción de inocencia presentados en la apelación. Con esta decisión se reafirma el compromiso de la justicia colombiana de sancionar la corrupción y proteger la integridad del ejercicio profesional, enviando un mensaje claro sobre la intolerancia frente a conductas que vulneran el debido proceso y los principios éticos del derecho.

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Confirmada sanción disciplinaria a abogado por promoción de demanda fraudulenta y actos ilegales en proceso ejecutivo

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