Antecedentes del caso

El proceso disciplinario se originó a partir de una queja presentada por una persona que denunció que dos abogados de una firma representativa realizaron gestiones para reclamar una indemnización del seguro obligatorio de accidente de tránsito (SOAT) sin su autorización ni poder otorgado. La aseguradora involucrada destinó recursos para evaluar la pérdida de capacidad laboral, aun cuando no se había autorizado dicha actuación.

Actuación procesal y formulación de cargos

Tras el trámite preliminar, se abrió el proceso disciplinario contra los abogados por presunta infracción a los deberes profesionales, en especial por no colaborar leal y legalmente en la realización de la justicia, y por supuestamente intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos. Durante la audiencia de pruebas y calificación provisional se formularon cargos relacionados con el uso de documentos no firmados por la quejosa para adelantar reclamaciones ante la aseguradora.

Solicitud y negativa de pruebas

Los abogados solicitaron la admisión de pruebas adicionales, incluyendo testimonios de expertos en tecnología para explicar la posible manipulación digital del logo de la firma y la incorporación de procesos disciplinarios previos que, a su juicio, evidenciarían una persecución en su contra. La comisión seccional rechazó parcialmente estas solicitudes, argumentando que no guardaban relación directa con los hechos investigados ni tenían utilidad para esclarecer la imputación.

Decisión de la comisión nacional de disciplina judicial

En apelación, la comisión nacional confirmó la negativa parcial de pruebas, reiterando que la pertinencia y utilidad son requisitos esenciales para la admisión probatoria. Se consideró que el testimonio sobre la manipulación del logo no era relevante, puesto que la irregularidad imputada se...