Antecedentes del proceso disciplinario

La actuación disciplinaria se originó a partir de una queja presentada por una clienta contra un abogado contratado para gestionar un proceso divisorio de bienes relacionado con una hacienda. Durante el trámite, el abogado no informó a su representada sobre decisiones judiciales relevantes y solicitó una suma considerable de dinero para sustentar un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, se descubrió que los documentos presentados para fundamentar esta solicitud eran falsos, lo que motivó la apertura de un proceso disciplinario.

Desarrollo y pruebas en la primera instancia

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima abrió el proceso y programó varias audiencias para la práctica de pruebas. Se incorporaron testimonios y documentos, incluyendo la totalidad del proceso penal por el delito de falsedad en documento contra el abogado. Se decretaron pruebas documentales y testimoniales de oficio, además de las solicitadas por el investigado, excepto la prueba pericial grafológica que fue negada por considerarse innecesaria.

Apelación y análisis de la prueba grafológica

El abogado apeló la negativa de la prueba pericial grafológica, argumentando que era necesario determinar si el documento cuestionado había sido suscrito por él. Sin embargo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial evaluó que este examen era superfluo, dado que ya existía prueba directa oficial que desacreditaba la autenticidad del documento, emitida por la Secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Además, el documento digitalizado carecía de firma manuscrita válida para un cotejo caligráfico.

Fundamentos de la decisión y garantías procesales

La decisión de negar la prueba pericial se fundamentó en...