Contexto del caso

La investigación disciplinaria se originó tras una denuncia y la publicación en medios de comunicación sobre la libertad de un magistrado detenido por presuntos delitos sexuales relacionados con una menor de edad. La denuncia inicial fue presentada por la madre de la víctima y apuntaba a la posible participación del magistrado en una red de explotación sexual.

Desarrollo del proceso disciplinario

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca abrió la investigación disciplinaria contra el magistrado, quien para la época de los hechos ejercía como juez promiscuo municipal. Se ordenó la práctica de diversas pruebas, entre ellas testimonios relacionados con los hechos denunciados. Durante la etapa de juzgamiento, se decretaron algunas pruebas y se negaron otras, fundamentándose en la pertinencia y el aporte directo al caso. La defensa interpuso recurso de apelación, argumentando que en la etapa instruccional se limitaron las preguntas hacia una testigo clave y que otro testimonio era relevante para la defensa.

Decisión de la Comisión Nacional

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, analizó la apelación y determinó que los hechos investigados ocurrieron antes del 13 de agosto de 2019. En consecuencia, aplicó el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria, dado que habían transcurrido más de cinco años sin que la acción disciplinaria se interrumpiera de manera válida. El artículo 33 de la Ley 1952 de 2019 establece que la acción disciplinaria prescribe en cinco años para faltas instantáneas, contados desde el día de consumación del hecho. Esta prescripción se interrumpe con la notificación del fallo de primera...