Propósito general y objetivo del proyecto de resolución

El proyecto de resolución tiene como propósito modificar el artículo tercero de la Resolución 385 de 2024, ajustando las cuotas globales de pesca para diferentes especies marinas en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para el año 2025. La iniciativa es promovida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de regular de manera precisa y sostenible la explotación del recurso caracol pala (Aliger gigas), atendiendo tanto las recomendaciones técnicas del Comité Ejecutivo para la Pesca como las órdenes emitidas por la autoridad judicial en el marco de una acción popular. El objetivo principal es establecer una cuota de pesca que permita la conservación del recurso, garantizando que su aprovechamiento se realice bajo criterios científicos y legales, protegiendo el equilibrio ecológico, y fomentando la pesca artesanal y el comercio local en la región.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

La resolución modifica específicamente la cuota asignada para el caracol pala, fijándola en 7 toneladas para el año 2025 en el área del Cayo Serrana, dentro del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta cifra se establece con base en un informe técnico elaborado por la Secretaría de Agricultura y Pesca del departamento y en concordancia con la orden judicial que limita la cuota máxima a 9 toneladas. Además, se mantiene la cuota para pesca blanca en 500 toneladas y para langosta (Panulirus argus) en 105 colas, estableciendo un marco claro para la explotación de estas especies durante la vigencia del año 2025. Un aspecto relevante es que la cuota para el caracol pala está limitada exclusivamente a la pesca artesanal y su comercialización se restringe al mercado local, lo que busca proteger a los pescadores artesanales y evitar la sobreexplotación del recurso por actividades comerciales mayores o no reguladas.

Acciones y regulaciones establecidas

El procedimiento que llevó a esta modificación incluyó la realización de sesiones extraordinarias del Comité Ejecutivo para la Pesca, órgano colegiado que reúne a representantes de distintas entidades públicas vinculadas a la actividad pesquera, tales como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). El Comité se basa en la mejor evidencia científica disponible y en informes técnicos, científicos y sociales para definir las cuotas de pesca. En noviembre de 2024 se decidió inicialmente no otorgar cuota para el caracol pala, pero tras la presentación de un informe científico en enero de 2025 y en cumplimiento de una orden judicial que limita la cuota, se estableció la cuota definitiva de 7 toneladas en febrero de 2025. Adicionalmente, se mantiene la obligación de los pescadores artesanales y sus asociaciones de reportar ante las autoridades las capturas de caracol pala, facilitando así un estudio cuantitativo que permita un adecuado seguimiento y control de la pesca, en cumplimiento con las órdenes judiciales.

Impacto esperado y relevancia del proyecto

Esta resolución tiene un impacto significativo en la protección y manejo sostenible de los recursos marinos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Al establecer cuotas basadas en evidencia científica y regulaciones judiciales, promueve la conservación del caracol pala, especie clave para el ecosistema marino local. Además, protege los derechos de los pescadores artesanales y favorece la pesca responsable, limitando la comercialización del recurso al ámbito local y evitando la sobreexplotación que podría afectar negativamente la biodiversidad y la economía regional. El ajuste en las cuotas también contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, especialmente en el marco del Año de la Reforma Agraria y de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria, que busca fortalecer el desarrollo sostenible y la protección de los derechos de las comunidades rurales y pesqueras.

Participación de actores clave en la implementación

La implementación de esta resolución involucra a múltiples actores clave. El Comité Ejecutivo para la Pesca, compuesto por directores y delegados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, juega un papel fundamental en la definición técnica y científica de las cuotas. La Secretaría de Agricultura y Pesca del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina contribuye con informes técnicos y con la supervisión y control de la pesca artesanal en la región. Asimismo, la Armada Nacional y otras autoridades competentes están obligadas a garantizar el cumplimiento de las cuotas y de las medidas de reporte y seguimiento establecidas, en el marco de la acción popular que protege los derechos colectivos al equilibrio ecológico y a la preservación del medio ambiente.

Conclusión

La modificación del artículo tercero de la Resolución 385 de 2024 por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural representa un avance importante en la regulación sostenible de la pesca en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Al establecer cuotas basadas en evidencia técnica y en cumplimiento de mandatos judiciales, se promueve la conservación del caracol pala y se protege la actividad artesanal, asegurando la sostenibilidad ambiental y económica de esta región estratégica para el país. Esta medida refuerza el compromiso del gobierno con la protección del medio ambiente, el fortalecimiento de las comunidades pesqueras y la preservación de los recursos naturales para las futuras generaciones. Con la colaboración de todos los actores involucrados, se espera que las nuevas disposiciones contribuyan a un manejo responsable y equilibrado de los ecosistemas marinos del archipiélago.

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Modificación de cuotas de pesca en el Archipiélago de San Andrés: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ajusta la regulación para 2025

Propósito general y objetivo del proyecto de resolución

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