Marco general y finalidad del Acuerdo 16 de 2025

El Acuerdo 16 de 2025, aprobado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y publicado en el Diario Oficial No. 53.140 el 6 de junio de 2025, establece el procedimiento para la realización de audiencias públicas que permitan la escogencia de vacantes de un mismo empleo con diferentes ubicaciones dentro de una jurisdicción municipal, departamental o a nivel nacional. Este tipo de acuerdo, de carácter interadministrativo, responde a la competencia de la CNSC en la administración y vigilancia de los sistemas de carrera administrativa, y se inscribe en la obligación constitucional de que los empleos públicos sean de carrera y se provean conforme al mérito. El objeto principal del acuerdo es reglamentar con claridad y eficiencia cómo se deben llevar a cabo estas audiencias públicas, en las que los integrantes de las listas de elegibles seleccionados en los procesos de mérito optan por las ubicaciones de las vacantes ofertadas. El propósito es optimizar los procesos de provisión de empleo público, garantizando principios como la transparencia, la publicidad, la igualdad de oportunidades, la celeridad y la moralidad administrativa.

Ámbito de aplicación y entidades involucradas

Este Acuerdo aplica a las listas de elegibles resultantes de procesos de selección para proveer empleos de carrera administrativa del Sistema General y de los Sistemas Específicos y Especiales de origen legal, en lo que no esté regulado por otras normas específicas. Quedan excluidos los procesos de provisión definitiva en establecimientos educativos del sistema de carrera docente, que cuentan con procedimientos particulares. Las entidades públicas nominadoras son las responsables de adelantar las audiencias públicas conforme a los lineamientos establecidos y garantizando la realización efectiva de las mismas. La CNSC ejerce la competencia exclusiva para administrar las listas de elegibles, autorizar su uso, hacer seguimiento a la provisión de empleos en estricto orden de mérito y controlar el cumplimiento de las normas relacionadas. Además, tiene la función de vigilar y sancionar los incumplimientos.

Principales disposiciones y compromisos del Acuerdo

El Acuerdo establece que las audiencias públicas deben permitir que los elegibles, en orden estricto de mérito, seleccionen las ubicaciones de las vacantes ofertadas o las que se generen posteriormente, siempre dentro de la misma entidad y hasta la fecha en que la lista de elegibles adquiera firmeza. La escogencia puede realizarse mediante el Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) o por otros mecanismos tecnológicos, presenciales o virtuales en tiempo real, siempre que garanticen principios de transparencia, trazabilidad y participación. Se prevén criterios claros para el desempate en caso de empate en puntajes, priorizando condiciones como la calidad de víctima, discapacidad, derechos en carrera administrativa, cumplimiento del deber electoral, experiencia en judicatura o conciliación, puntajes en pruebas funcionales y comportamentales, entre otros. En caso de persistir el empate, se recurrirá a sorteo público. Además, el Acuerdo detalla aspectos procedimentales como la citación oportuna de los elegibles, el plazo máximo para realizar la audiencia (diez días hábiles tras la firmeza de la lista), la obligación de documentar el proceso en actas y la conservación de evidencias electrónicas cuando se usen medios tecnológicos.

Impacto potencial y relevancia para la comunidad y las entidades

Este Acuerdo tiene un impacto significativo en la administración pública colombiana, ya que fortalece la transparencia y la equidad en la provisión de empleos de carrera administrativa. Para la comunidad y los aspirantes, garantiza un derecho fundamental: la posibilidad de elegir la ubicación geográfica que más se ajuste a sus necesidades y preferencias dentro de las opciones disponibles, en función de su mérito y posición en la lista de elegibles. Para las entidades públicas, el procedimiento claro y estandarizado reduce la discrecionalidad y los riesgos de prácticas irregulares en la asignación de vacantes. Asimismo, el uso de herramientas tecnológicas como SIMO contribuye a agilizar los procesos, disminuir costos y asegurar la trazabilidad de las decisiones, lo que favorece la eficiencia administrativa y la confianza ciudadana.

Justificación legal y mecanismos de seguimiento

El fundamento jurídico del Acuerdo está en la Constitución Política, que establece que los empleos públicos son de carrera y deben proveerse según el mérito; en la Ley 909 de 2004, que regula la carrera administrativa y atribuye a la CNSC la fijación de lineamientos para los procesos de selección; y en la Ley 962 de 2005, que permite el uso de medios tecnológicos para la simplificación de trámites administrativos. La CNSC mantendrá un control riguroso sobre la realización de las audiencias públicas, incluyendo la facultad de iniciar procedimientos sancionatorios en caso de incumplimiento. Las entidades deben informar oportunamente los resultados a la CNSC, lo que facilita la supervisión y garantiza la correcta aplicación del procedimiento.

Conclusión

El Acuerdo 16 de 2025 representa un avance normativo relevante para la gestión del empleo público en Colombia. Al establecer un procedimiento claro para la realización de audiencias públicas en la escogencia de vacantes con múltiples ubicaciones, promueve la transparencia, la equidad y la eficiencia en el acceso a empleos de carrera administrativa. Su aplicación impacta positivamente en las entidades públicas y en los aspirantes, consolidando un sistema meritocrático y moderno, acorde con los principios constitucionales y legales que rigen la función pública.