Antecedentes del caso

Una acción popular fue interpuesta contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, una constructora en liquidación y un banco, por presunta vulneración de derechos colectivos relacionados con la seguridad y la prevención de desastres en construcciones urbanas. Se alegó deterioro estructural y problemas en las viviendas del conjunto residencial Colina Campestre, ubicado en Barranquilla, que ponían en riesgo la vida y la integridad de sus habitantes. El juzgado de primera instancia negó las pretensiones, al considerar que las viviendas se construyeron conforme a las normas técnicas vigentes y que no se aportaron pruebas suficientes para demostrar la vulneración de derechos colectivos. Sin embargo, el tribunal de segunda instancia revocó esta decisión y ordenó medidas para la protección de los derechos afectados, incluyendo el censo de familias, estudios técnicos para la reubicación y demolición del conjunto residencial, con un plazo máximo de 24 meses para su ejecución.

Solicitud de revisión eventual y decisión

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla presentó solicitud de revisión eventual alegando contradicciones en la interpretación de la ley y la imposición de responsabilidades que, según argumentó, no le correspondían para la época de los hechos. También cuestionó la aplicación retroactiva de la Ley 1523 de 2012, relacionada con la gestión del riesgo de desastres. La Sala Quinta del Consejo de Estado encontró que la solicitud pretendía un nuevo examen de la valoración probatoria y la interpretación normativa realizada por el tribunal de segunda instancia, lo cual excede los límites de la revisión eventual, que busca únicamente la unificación de la jurisprudencia en materia de acciones...