El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, admitió la demanda de nulidad presentada por una fundación dedicada al Estado de Derecho contra algunos apartes de los artículos 1°, 4° y 5° del decreto 1175 de 2016. Este decreto fue expedido por el presidente de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho, y reglamenta disposiciones relacionadas con la Ley 975 de 2005. La demanda fue admitida en virtud de lo previsto en los artículos 161 a 166 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Con esta decisión, se da inicio al proceso judicial que permitirá analizar la legalidad de las disposiciones impugnadas.

Notificaciones y plazos procesales

Entre las medidas adoptadas figura la notificación a las partes demandadas —el presidente de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho—, así como al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Estas entidades deberán contestar la demanda en un plazo de treinta días, dentro del cual podrán presentar pruebas, excepciones o demandas de reconvención. Además, se exhorta a los demandados para que aporten los antecedentes del acto administrativo cuestionado, conforme al procedimiento establecido. La admisión de la demanda representa un paso relevante en el control judicial de actos administrativos que regulan aspectos fundamentales del derecho público.

Implicaciones y expectativas del proceso

Este proceso pondrá a prueba la conformidad del decreto con el marco jurídico vigente y su impacto en las funciones y competencias del sector justicia, afectando tanto a las autoridades administrativas como a la ciudadanía en general....