El caso se originó a partir de una demanda presentada contra el Senado de la República, en la que se solicita la nulidad del procedimiento y la certificación de resultados de la sesión en la que se emitió un concepto desfavorable a la convocatoria de una consulta popular de orden nacional. La demanda se fundamenta en presuntas irregularidades en la votación, tales como la discrepancia en el número de votos registrados y senadores presentes, la modificación del sentido de un voto después del cierre de la votación y la imposibilidad de algunos congresistas de ejercer su derecho al voto. Se argumenta que estos hechos vulneran artículos específicos de la Ley 5 de 1992, que regulan el procedimiento de votación en el Congreso. Asimismo, se solicita la suspensión provisional del acto impugnado para evitar que se expida un decreto que convoque a la consulta popular antes de que se resuelva el fondo del asunto. En respuesta a la demanda, ciudadanos interesados en el proceso solicitaron medidas cautelares de urgencia para impedir que la Presidencia de la República y la Organización Electoral adelanten actos administrativos relacionados con la convocatoria a la consulta popular hasta que haya una sentencia definitiva. Se alegó que la ausencia de estas medidas podría hacer inútil la eventual decisión judicial y afectar derechos fundamentales de los ciudadanos.

Análisis y decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, en su análisis, recordó que las medidas cautelares de urgencia requieren la existencia de una inminencia y gravedad tales que justifiquen la omisión del trámite ordinario de traslado a la parte contraria. Tras evaluar...