Antecedentes del caso

El conflicto surgió tras la presentación de una demanda por parte de un consorcio contratista contra el Instituto Nacional de Vías (Invías), relacionada con el cumplimiento y liquidación de un contrato de obra para la construcción y mejoramiento de un tramo vial que comprende territorios en los departamentos de Santander y Cesar. La demanda se presentó inicialmente en el juzgado administrativo de Bucaramanga (Santander), pero este juzgado declaró su falta de competencia por considerar que la ejecución del contrato abarcaba territorios bajo la jurisdicción de otros circuitos judiciales. El juzgado de Bucaramanga remitió el caso al juzgado administrativo de Aguachica (Cesar), que a su vez declaró su incompetencia y promovió el conflicto de competencia ante el Consejo de Estado. El motivo central del conflicto fue determinar cuál juzgado era competente para conocer el proceso, conforme a las reglas territoriales establecidas en el artículo 156.4 del CPACA.

Decisión y fundamentos jurídicos

El Consejo de Estado resolvió que el juzgado administrativo de Aguachica (Cesar) es el competente para conocer el asunto. Esta decisión se fundamenta en que el contrato debía ejecutarse principalmente en San Alberto (Cesar), perteneciente al circuito judicial de Aguachica, y que aunque parte del contrato involucraba Puerto Araujo (Santander), este corregimiento pertenece al circuito judicial administrativo de San Gil, no al de Bucaramanga. Además, el Consejo aclaró que la regla que asigna competencia al juez que conoció primero la demanda no aplica en este caso, dado que el juzgado de Bucaramanga no es competente territorialmente para el lugar de ejecución principal del contrato.

Implicaciones para la jurisdicción administrativa

Esta decisión reafirma la importancia...