Contexto del caso y actuación del Procurador General

El proceso se originó tras una demanda de inconstitucionalidad contra ciertos artículos de la Ley 2385 de 2024, que prohíbe espectáculos taurinos y procedimientos que afecten la integridad de formas de vida no humana. La demanda fue admitida y se solicitó al Procurador General que rindiera concepto sobre la constitucionalidad de la norma. Sin embargo, este presentó impedimento argumentando que, en su función como Secretario General del Senado, había intervenido en el trámite legislativo de la ley.

Alcance de la causal de impedimento por intervención en la expedición de normas

La Corte ha establecido que para que proceda esta causal es necesario demostrar que la autoridad tuvo una participación activa y determinante en la formación de la norma. La mera ejecución de funciones administrativas o de coordinación legislativa, propias del cargo de Secretario General del Senado, no configura impedimento automático. Las funciones de este cargo incluyen asistir a sesiones, llevar las actas, dar lectura a documentos, informar sobre votaciones, coordinar la publicación de la Gaceta del Congreso, y otras tareas relacionadas con el control formal del trámite legislativo, sin incidencia directa en el contenido de las normas.

Decisión de la Corte y fundamentos

La Sala Plena concluyó que el impedimento no procede porque el proceso de constitucionalidad se centra en el análisis de fondo de la norma, no en un control de procedimiento donde el impedimento podría ser procedente. Además, el Procurador no demostró que su intervención fuera activa ni determinante ni que guardara relación directa con el asunto a resolver. Por lo tanto, la Corte declaró infundado el...