Antecedentes del caso

Una demanda por responsabilidad civil contractual fue presentada contra una empresa privada de servicios públicos domiciliarios, debido a la suspensión del servicio de energía eléctrica por nueve días en un inmueble. El demandante alegó que la suspensión fue arbitraria e ilegal, generando pérdidas económicas por alimentos perecederos, terminación unilateral de contratos de arrendamiento y pago de indemnizaciones. La demanda solicitó el pago de diversos conceptos, incluyendo daño moral, lucro cesante y cláusula penal. El Juzgado Civil Municipal inicialmente admitió la demanda, pero luego declaró la falta de competencia y remitió el caso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, el juzgado administrativo correspondiente se abstuvo de conocer el asunto y propuso un conflicto negativo de competencia, remitiendo el expediente a la Corte Constitucional para su decisión final.

Consideraciones jurídicas

La Corte Constitucional reiteró la regla establecida en un auto previo, según la cual las controversias relacionadas con la responsabilidad contractual de empresas privadas de servicios públicos domiciliarios, que no hayan sido expresamente asignadas a una jurisdicción específica y que no se encuadren en la competencia general de la jurisdicción contencioso administrativa, deben ser conocidas por la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. Esta decisión se fundamenta en que la ley no regula expresamente estas controversias dentro del régimen de servicios públicos domiciliarios, y que la empresa demandada cuenta con capital mayoritario privado, sometiéndose al régimen de derecho privado. Además, el caso no cumple con los requisitos para ser conocido por la jurisdicción contencioso administrativa, ni versa sobre contratos con cláusulas exorbitantes.

Decisión final

La Sala Plena declaró que el Juzgado Civil Municipal...