Antecedentes del caso

Un particular presentó una demanda ordinaria solicitando la extinción de una hipoteca por prescripción en contra de un municipio, alegando que la obligación civil garantizada por el gravamen hipotecario estaba extinguida desde 2003. El juzgado promiscuo municipal inicialmente declaró su falta de competencia y remitió el proceso a un juzgado administrativo, argumentando que la jurisdicción contencioso administrativa debía conocer el asunto por tratarse de un contrato en el que es parte una entidad pública. Por su parte, el juzgado administrativo también declaró su falta de competencia y elevó el conflicto a la Corte Constitucional para dirimir la controversia.

Presupuestos y análisis del conflicto de jurisdicciones

La Corte Constitucional verificó que el conflicto cumplía con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para ser considerado un conflicto de jurisdicciones. En este caso, el conflicto enfrentó a dos autoridades judiciales pertenecientes a jurisdicciones distintas, sobre un proceso judicial de naturaleza civil, y ambas expresaron los fundamentos legales para reclamar competencia.

Competencia para procesos de prescripción extintiva

La Sala Plena reiteró la jurisprudencia reciente que establece que la jurisdicción ordinaria civil es competente para conocer los asuntos relacionados con la declaratoria de prescripción extintiva de obligaciones civiles, incluso cuando la entidad pública es parte del proceso. Se fundamentó en la cláusula general de competencia otorgada por la ley y en la distinción de que la jurisdicción de lo contencioso administrativo solo conoce controversias relacionadas con actos y contratos sujetos al derecho administrativo.

Decisión

La Corte Constitucional declaró que el juzgado promiscuo municipal es la autoridad competente para conocer la demanda de extinción de hipoteca por prescripción contra el...