Contexto y antecedentes

La Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario y carcelario colombiano desde 2013, extendiéndolo en 2022 a los centros de detención transitoria (CDT), debido a las condiciones críticas y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales en estos lugares, que no están diseñados para albergar personas más allá de 36 horas. La Sala Especial de Seguimiento tiene la competencia para verificar el cumplimiento de las órdenes estructurales y ha ordenado planes de acción con fases y plazos a cumplir por el Gobierno Nacional y entidades adscritas.

Evaluación del cumplimiento de las órdenes

Se agruparon las órdenes en tres grupos: (1) traslados inmediatos de personas condenadas y con medidas domiciliarias, (2) deshacinamiento y adecuación de infraestructura, y (3) adopción de documento CONPES para garantizar financiación. Pese a las órdenes emitidas desde 2022 y el Auto 1096 de 2024, la Sala constató que persisten graves deficiencias. En el grupo 1, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) no cumplió con los traslados ordenados, manteniendo en 2025 a más de 1.500 personas condenadas y cerca de 100 con detención domiciliaria en CDT, lo que representa un incumplimiento general. Obstáculos logísticos, documentales y administrativos fueron identificados, pero considerados superables mediante una gestión articulada, la cual no se ha evidenciado. Además, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia reconocieron limitaciones en coordinación y recursos para efectuar los traslados. En el grupo 2, el Ministerio de Justicia y del Derecho presentó un informe de cumplimiento basado en la formulación de una política pública de articulación con entidades territoriales para superar el ECI en...