Contexto y antecedentes

La Corte Constitucional, a través de sus salas especiales de seguimiento, da continuidad al control de cumplimiento de sentencias que declararon el estado de cosas inconstitucional en materia de garantías de seguridad para la población firmante del acuerdo final de paz y en atención a las víctimas del desplazamiento forzado. En particular, se monitorea la situación en la región del Catatumbo, donde se ha presentado una grave crisis humanitaria y de seguridad derivada de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, desplazamientos masivos y múltiples violaciones a los derechos fundamentales.

Órdenes y requerimientos de informes

Mediante el auto 244 de 2025, las salas solicitaron información detallada a diversas autoridades territoriales como gobernaciones y alcaldías de los departamentos de Norte de Santander y Cesar, además de instancias nacionales como ministerios, unidades especializadas y comisiones de seguimiento del acuerdo de paz. Sin embargo, varias entidades no han cumplido con la presentación de los informes requeridos. En consecuencia, la Corte Constitucional requiere ahora formalmente a la Gobernación del Cesar, a nueve alcaldías de cada uno de los departamentos mencionados y a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que entreguen en un término de cinco días hábiles la información solicitada. Los cuestionarios incluyen aspectos como la situación de seguridad, planes de protección a la población civil y firmantes de paz, medidas para atender la crisis humanitaria, capacidad presupuestal, funcionamiento de albergues temporales, planes de retorno seguro y coordinación interinstitucional.

Participación de organizaciones civiles y firmantes del acuerdo de paz

Además, se reitera la invitación a organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de víctimas y delegaciones de firmantes del...