Propósito general y objetivo principal del proyecto

El proyecto de resolución tiene como fin dar cumplimiento a las múltiples órdenes judiciales emanadas por la Corte Constitucional respecto al derecho a morir con dignidad, específicamente en relación con la eutanasia y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos. Asimismo, busca derogar y reemplazar las resoluciones previas (825 de 2018 y 971 de 2021) para consolidar una regulación más robusta y actualizada que responda a los avances jurisprudenciales y sociales. El objetivo principal es garantizar el ejercicio efectivo del derecho fundamental a morir con dignidad, respetando la autonomía del paciente y su concepto de vida digna, así como facilitar el acceso a procedimientos médicos adecuados, como la eutanasia y los cuidados paliativos, en un marco de transparencia, celeridad y respeto a los derechos humanos.

Cambios e innovaciones relevantes en la regulación

Este proyecto introduce una serie de disposiciones novedosas y precisiones importantes. Entre ellas, se define el derecho a morir con dignidad como un conjunto de opciones que incluyen la adecuación de los esfuerzos terapéuticos (AET), los cuidados paliativos (incluyendo los pediátricos) y la eutanasia como procedimientos independientes y no excluyentes. Se establecen criterios claros para la “condición de salud extrema”, que puede comprender enfermedades incurables avanzadas, terminales, agonía, lesiones corporales irreversibles y enfermedades graves e incurables. Además, se reconoce que el derecho a la eutanasia no está limitado a pacientes con enfermedades terminales, ampliando el acceso a quienes sufren un intenso sufrimiento físico o psíquico intratable e irremediable. El proyecto regula detalladamente la participación de comités especializados, diferenciando entre los Comités Interdisciplinarios de Eutanasia para mayores y menores de edad, y los Comités de Ética Hospitalaria para casos de adecuación de esfuerzos terapéuticos. Estos comités tendrán funciones específicas de verificación, asesoría, seguimiento y garantía del respeto a los derechos del paciente.

Medidas específicas propuestas y procedimientos establecidos

El proyecto establece un proceso asistencial estructurado para la atención de solicitudes de eutanasia y adecuación de esfuerzos terapéuticos, que incluye: - La recepción y registro inmediato de la solicitud en la historia clínica por cualquier médico, sin limitación por especialidad o relación previa con el paciente. - La evaluación y valoración médica en un plazo máximo de 10 a 15 días calendario, según se trate de adultos o menores de edad, para verificar la competencia mental, la presencia de condiciones clínicas extremas, la inexistencia de alternativas razonables y el sufrimiento intratable. - La activación y funcionamiento del Comité Interdisciplinario de Eutanasia, encargado de verificar el cumplimiento de criterios y autorizar el procedimiento, así como de hacer seguimiento y garantizar la autonomía y confidencialidad. - La regulación del Consentimiento Informado y del Consentimiento Sustituto, con condiciones estrictas para su viabilidad, especialmente en casos donde el paciente no pueda expresar su voluntad directamente. - La inclusión de apoyos y ajustes razonables para personas con discapacidad, asegurando que puedan manifestar su voluntad de manera libre, informada e inequívoca, sin influencias externas. - Procedimientos específicos para niños, niñas y adolescentes, contemplando su desarrollo cognitivo, madurez y concepto evolutivo de la muerte, así como la concurrencia de la patria potestad conforme al interés superior del menor. - La obligación de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y las entidades promotoras de salud (EPS) de garantizar la ejecución de los procedimientos, la disponibilidad de profesionales no objetores de conciencia, la comunicación permanente con los comités y la confidencialidad de la información.

Impacto y alcance potencial de la resolución

La actualización normativa busca promover un marco jurídico claro y garantista que facilite el acceso al derecho a morir con dignidad, promoviendo la autonomía del paciente y evitando la obstinación terapéutica. Se espera que esta regulación fortalezca la gestión del talento humano en salud y la eficiencia en los procesos administrativos relacionados con la eutanasia y los cuidados paliativos. Además, la resolución tiene un alcance inclusivo, aplicándose tanto a ciudadanos colombianos como a personas extranjeras domiciliadas en el país con al menos un año de residencia ininterrumpida. La ampliación de la posibilidad de solicitud de eutanasia a menores con discapacidad cognitiva y a pacientes con no solo enfermedades terminales sino también condiciones graves e incurables, representa un avance significativo en la protección de los derechos de grupos vulnerables. El establecimiento de mecanismos de reporte, seguimiento y análisis de las solicitudes y procedimientos, con informes públicos anuales, fortalece la transparencia y la supervisión institucional, garantizando el control social y la mejora continua.

Participación de actores clave en la implementación

El proyecto involucra a diversos actores del sistema de salud y la sociedad: - El talento humano en salud, especialmente médicos, psiquiatras, psicólogos clínicos y abogados, quienes integrarán los comités interdisciplinarios y serán responsables de la atención, evaluación y trámite de las solicitudes. - Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), encargadas de conformar los comités, garantizar los recursos y protocolos, y ofrecer el acompañamiento integral al paciente y su familia. - Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y entidades que cumplan funciones de aseguramiento, que coordinarán las actuaciones, facilitarán el acceso a servicios y asegurarán la celeridad y oportunidad en los procesos. - Los Comités de Ética Hospitalaria y equipos de bioética, que brindarán asesoría y evaluación en casos de conflicto ético-clínico relacionados con la adecuación de esfuerzos terapéuticos. - Los pacientes y sus representantes legales, quienes tendrán un papel activo y autónomo en la toma de decisiones, con garantías para la expresión libre y voluntaria de su voluntad. - La Superintendencia Nacional de Salud, que ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control para asegurar el cumplimiento de la normativa y la protección de los derechos.