Tipo de Acuerdo y Entidades Involucradas

El Acuerdo 472 de 2025, expedido el 30 de abril de 2025 y publicado en el Diario Oficial No. 53.151 el 16 de junio de 2025, es un acto administrativo emitido por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La ANT es la entidad encargada de la administración y ordenamiento de tierras de la Nación, especialmente en el marco de la Reforma Rural Integral. En este caso, el acuerdo constituye el resguardo indígena El Floral, perteneciente al pueblo Pijao, sobre un predio fiscal ubicado en el municipio de Coyaima, departamento de Tolima.

Objeto y Finalidad del Acuerdo

El objeto principal del acuerdo es la constitución formal del resguardo indígena El Floral sobre un predio de 48 hectáreas con 6,400 metros cuadrados, propiedad de la ANT y parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. El propósito es garantizar el derecho colectivo de propiedad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de estas tierras, en beneficio de la comunidad indígena Pijao. Esta constitución busca promover la seguridad territorial, la conservación cultural, el desarrollo sostenible y la paz en la región.

Ámbito de Aplicación y Marco Normativo

El acuerdo se aplica territorialmente en el municipio de Coyaima, Tolima, respecto al predio denominado “Lote Uno Primo 1” o “Lote Uno Prime”. Se sustenta en un amplio marco normativo, que incluye el artículo 7º y el artículo 63 de la Constitución Política de 1991, la Ley 160 de 1994 y sus modificaciones recientes, el Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, el Decreto Ley 2363 de 2015 que creó la ANT, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas, incorporado al bloque de constitucionalidad colombiano. Además, toma en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento, que protegen derechos de los pueblos indígenas.

Principales Disposiciones y Compromisos

El acuerdo establece que las tierras constituidas como resguardo indígena son de propiedad colectiva, con carácter inalienable, imprescriptible e inembargable, por lo que sus miembros no podrán enajenarlas, arrendarlas ni hipotecarlas. La administración y manejo del territorio recaen en el cabildo o autoridad tradicional de la comunidad, conforme a sus usos y costumbres, en armonía con las leyes 89 de 1890 y 160 de 1994. Asimismo, se reconoce que el resguardo excluye bienes de uso público como calles, plazas, puentes y cauces permanentes de ríos y lagos, que son inalienables y de propiedad estatal. Se establecen reglas claras sobre servidumbres necesarias para el tránsito, acueductos y otras obras de interés público, garantizando la coexistencia con predios colindantes. El acuerdo también impone la función social y ecológica de la propiedad, comprometiendo a la comunidad a preservar el medio ambiente y garantizar derechos para las futuras generaciones. Se prevé la elaboración y desarrollo de un “Plan de Vida y Salvaguarda” y la zonificación ambiental acorde con la cosmovisión y cultura Pijao. En caso de incumplimiento, se podrán adelantar acciones legales y se notificará a las autoridades competentes.

Impacto Potencial para la Comunidad y la Región

La constitución del resguardo indígena El Floral tiene un impacto significativo, al consolidar la seguridad jurídica sobre el territorio ancestral de la comunidad Pijao y proteger sus derechos colectivos. Esto fortalece la identidad cultural, la cohesión social y el desarrollo económico basado en prácticas agropecuarias tradicionales y sostenibles. Además, contribuye a la conservación del medio ambiente, protegiendo ecosistemas como bosques secos tropicales y zonas hídricas, y respalda la gestión responsable de recursos naturales según las normativas ambientales vigentes. El acuerdo también mejora las condiciones para la participación política de la comunidad, a través del cabildo indígena y su vinculación con organizaciones regionales, lo que favorece la incidencia en políticas públicas y la defensa de sus derechos territoriales.

Mecanismos de Seguimiento y Evaluación

El proceso de constitución contó con un completo estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras (ESJTT), que incluyó visitas técnicas, censos poblacionales, análisis jurídicos y ambientales. El acuerdo prevé la colaboración con autoridades ambientales y municipales para garantizar la conservación de las rondas hídricas y zonas de protección ambiental, en concordancia con la legislación nacional. Además, se establece la obligación de notificación y publicación oficial, así como el trámite de inscripciones registrales que otorgan título traslaticio de dominio a la comunidad. Se contempla la posibilidad de interponer recursos administrativos para garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

Contexto y Relevancia

Este acuerdo se enmarca en la política nacional de Reforma Rural Integral, que busca reparar históricamente a los pueblos indígenas, promoviendo su autonomía territorial y cultural. La ANT, como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, cumple con los mandatos constitucionales y legales para garantizar el acceso a la tierra y la protección de los derechos territoriales indígenas. La constitución del resguardo El Floral representa un avance concreto en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en relación con poblaciones indígenas desplazadas y vulnerables. Además, fortalece la implementación de compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de derechos indígenas. Este acto administrativo es un ejemplo de la articulación entre entidades nacionales, regionales y comunitarias, que promueve la justicia social, la conservación ambiental y el reconocimiento efectivo de la diversidad cultural en el país. --- En síntesis, el Acuerdo 472 de 2025 es una pieza fundamental para la garantía de derechos territoriales del pueblo Pijao en Tolima, al constituir formalmente el resguardo indígena El Floral. Su contenido jurídico robusto, su respaldo en la Constitución y la normativa colombiana, y su enfoque integral en aspectos sociales, culturales y ambientales lo convierten en un avance significativo para la protección y desarrollo de las comunidades indígenas en Colombia, consolidando un modelo de respeto y convivencia que puede servir de ejemplo para otras regiones del país.