Antecedentes del caso

Un docente del magisterio del Departamento del Putumayo solicitó el reconocimiento y pago de cesantías en junio de 2021, con resolución de reconocimiento expedida en julio de 2021, pero el pago se realizó en octubre de ese mismo año, generando un retraso. Ante la negativa de entidades como el Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la fiduciaria encargada, el docente presentó demandas para que se reconociera y pagara la sanción moratoria establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 por el retraso en el pago.

Fundamentos legales y argumentos de las partes

La demanda se fundamentó en normas como la Constitución Política, la Ley 91 de 1989, la Ley 244 de 1995, la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019, que regulan los plazos para el reconocimiento y pago de cesantías y las sanciones por demora. Las entidades demandadas argumentaron, entre otros puntos, que el FOMAG actuó conforme a lo previsto en el Decreto 2831 de 2005, que el pago se realizó dentro del plazo legal y que la responsabilidad por la demora debía recaer en el ente territorial. Además, se sostuvo que la sanción no debía incluir indexación ni intereses sobre la suma reclamada.

Decisión judicial y consideraciones de la sala

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa reconoció un período de mora de quince días atribuible al Departamento del Putumayo, ordenando el pago de la sanción moratoria calculada con base en la asignación básica vigente en 2021, sin indexación. La prescripción no operó debido a que la solicitud de sanción interrumpió el término. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Putumayo confirmó esta decisión. Se aclaró que el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, citado por el ente territorial, no es aplicable al caso, pues se refiere solo a la fuente de financiación mediante TES para obligaciones del FOMAG, y no a la responsabilidad por mora. Asimismo, se estableció que la sanción debe calcularse en días calendario, no hábiles, dado que la mora es una penalidad económica y no un plazo administrativo.

Responsabilidad y efectos prácticos

La sentencia reafirma que la Secretaría de Educación territorial es responsable de expedir oportunamente el acto administrativo de reconocimiento de cesantías dentro de los 15 días hábiles y que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio debe realizar el pago en los 45 días hábiles siguientes. La demora atribuible al ente territorial genera la sanción moratoria establecida por la ley. Además, se condenó en costas al Departamento del Putumayo por haber interpuesto un recurso de apelación improcedente. La decisión busca garantizar el respeto a los términos legales para el pago de cesantías y evitar que la administración cause perjuicios económicos a los docentes por retrasos injustificados. Esta providencia sienta un precedente importante sobre la aplicación de sanciones moratorias en el sector educativo y la distribución clara de responsabilidades entre entidades territoriales y el FOMAG, fortaleciendo así la protección de los derechos laborales de los docentes y promoviendo la eficiencia en la gestión pública.

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Tribunal administrativo del Putumayo confirma sanción moratoria por pago tardío de cesantías a docente

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