El tribunal administrativo del Putumayo, en decisión del ocho de mayo de 2025, resolvió mantener la sentencia proferida por el juzgado primero administrativo del circuito de Mocoa, que ordenó al departamento del Putumayo el pago de la sanción moratoria establecida en la ley 1071 de 2006 por el retraso en el pago de cesantías a un docente.

Contexto y antecedentes del caso

El conflicto surgió tras la solicitud del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retraso en el pago de cesantías, presentada el 4 de agosto de 2022 ante diversas entidades, incluyendo el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Putumayo. Estas entidades guardaron silencio frente a la petición, configurándose un acto fictamente negativo. El juzgado de primera instancia declaró la nulidad del acto fictamente negativo y condenó al departamento del Putumayo a pagar la sanción moratoria por cinco días de mora ocurridos entre el 19 y el 23 de junio de 2020, calculados con base en el salario vigente del año 2020. Además, dispuso la actualización del valor conforme al Índice de Precios al Consumidor, según el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Apelación y argumentos de la entidad demandada

La Secretaría de Educación del departamento del Putumayo interpuso recurso de apelación, cuestionando exclusivamente la procedencia de la actualización monetaria de la sanción moratoria, argumentando que se trata de una penalidad y no de un derecho laboral, por lo que no correspondería la indexación. Sin embargo, el tribunal aclaró que la sentencia de primera instancia no ordenó la indexación durante la causación de la sanción, sino la actualización del valor total a partir del cese de la mora hasta la ejecutoria del fallo, conforme al artículo 187 del CPACA.

Decisión del tribunal y fundamentos jurídicos

El tribunal confirmó la sentencia inicial, resaltando que el recurso de apelación careció de sustento argumentativo suficiente para modificar el fallo. Recordó que la carga de sustentación del recurso es esencial y que la falta de argumentos claros para impugnar las decisiones judiciales conduce a la confirmación de estas. Además, se condenó al departamento del Putumayo en costas por la interposición del recurso de apelación improcedente.

Impacto y conclusiones

Esta decisión reafirma la obligación de las entidades públicas de cumplir con los pagos de cesantías en los tiempos establecidos, bajo la amenaza de sanciones moratorias actualizadas conforme a la ley. También establece un precedente sobre la aplicación del artículo 187 del CPACA para la actualización monetaria en estos casos. El fallo es un llamado a la diligencia en la gestión administrativa y protege los derechos laborales de los docentes frente a retrasos injustificados en el pago de prestaciones sociales. La sentencia está ejecutoriada y se ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para su ejecución. --- Este caso es un claro ejemplo de cómo la jurisprudencia y los mecanismos legales garantizan el respeto a los derechos laborales y la correcta actuación administrativa en el sector público. La resolución sienta un importante precedente para futuras reclamaciones similares, fortaleciendo la protección de los derechos de los trabajadores y promoviendo la responsabilidad en la gestión pública.