Antecedentes y fallo de primera instancia

El municipio de Vegachí emitió liquidaciones oficiales del impuesto de alumbrado público a cargo de Empresas Públicas de Medellín para los meses de enero a abril de 2017. EPM interpuso recursos de reconsideración contra dichas liquidaciones, los cuales fueron resueltos y notificados fuera del plazo legal, lo que generó un debate sobre la validez de los actos administrativos. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de las liquidaciones y las resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración. Además, señaló que EPM no estaba obligada a pagar las sumas reclamadas por concepto del impuesto en esos periodos. La sentencia no condenó en costas, dada la relevancia pública del asunto.

Motivos de la nulidad: acto previo y debido proceso

El Consejo de Estado ratificó la necesidad de que la liquidación oficial del impuesto de alumbrado público esté precedida de un acto previo, conforme al artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Este acto previo debe explicar el fundamento y la forma en que se determina la obligación tributaria, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso al contribuyente. En este caso, el municipio de Vegachí emitió las liquidaciones sin acto previo, lo que vulneró el derecho fundamental de EPM a ser escuchada antes de la expedición del acto de determinación oficial. La interposición de recursos de reconsideración no suplió esta omisión, pues el contribuyente debe conocer previamente las razones de la liquidación para controvertirlas adecuadamente.

Silencio administrativo positivo y competencia temporal

Aunque la apelación planteó que no se configuró el silencio administrativo positivo porque los recursos fueron resueltos dentro del término legal, el Consejo de Estado determinó que esta cuestión quedó subsumida en la nulidad por la falta del acto previo. Por lo tanto, no fue necesario analizar si la notificación tardía de las resoluciones que decidieron los recursos configuraba o no el silencio administrativo positivo.

Implicaciones y conclusiones

Esta sentencia reafirma que, incluso cuando la normativa local permite la facturación directa del impuesto de alumbrado público, la administración debe respetar las garantías procesales previstas en el CPACA, especialmente la expedición de un acto previo que informe al contribuyente sobre la determinación oficial del tributo. El fallo confirma la nulidad de las liquidaciones y de las decisiones que resolvieron los recursos de reconsideración, sin condena en costas en esta instancia, y ordena la devolución del expediente al tribunal de origen para su cumplimiento. Este pronunciamiento es especialmente relevante para entes territoriales y contribuyentes, pues subraya la importancia de respetar el debido proceso en la determinación y cobro de impuestos, evitando así la nulidad de los actos administrativos por irregularidades formales. Con esta decisión, se fortalece la protección de los derechos de los contribuyentes y se establece un precedente claro para la actuación administrativa en materia tributaria.

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Consejo de Estado confirma nulidad de liquidaciones del impuesto de alumbrado público a Empresas Públicas de Medellín

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