La Sala Quinta del Consejo de Estado resolvió una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial del Tribunal Administrativo del Tolima, que revocó una sentencia de primera instancia relacionada con el reconocimiento y pago de cesantías y sanción moratoria a un docente. El caso se originó por la solicitud de pago de cesantías presentada en 2018 y una posterior reclamación administrativa que no fue resuelta expresamente.

Antecedentes y pretensiones

El accionante presentó una demanda para que se declarara la existencia del acto presunto negativo por falta de respuesta a su solicitud y se ordenara el pago de las cesantías acumuladas y la sanción moratoria por el pago tardío. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué falló a favor del accionante en primera instancia, reconociendo la sanción moratoria. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Tolima revocó esta decisión, declarando la falta de reclamación administrativa previa y, por ende, la improcedencia del pago de la sanción moratoria.

Vulneración alegada y análisis de la Sala

La acción de tutela se fundamentó en la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y la defensa, debido a la supuesta indebida valoración probatoria y extralimitación del tribunal al pronunciarse sobre aspectos no comprendidos en el recurso de apelación. El Consejo de Estado evaluó la procedencia de la tutela contra providencia judicial, confirmando que procede cuando se alegan violaciones a derechos fundamentales y se cumplen los requisitos constitucionales de relevancia, inmediatez y subsidiariedad. Respecto al mérito, la Sala concluyó que existió un defecto fáctico en la sentencia recurrida, por no valorar adecuadamente pruebas que acreditaban...