Contexto y antecedentes

La circular DEAJC 14-45, expedida el 8 de abril de 2014, reglamentaba el procedimiento para la devolución y control del arancel judicial establecido en la Ley 1653 de 2013, en cumplimiento de la sentencia C-169 de 2014 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible dicha ley. La circular establecía que las devoluciones solo procederían en los términos previstos por la Ley 1653, lo que fue impugnado mediante un medio de control de nulidad. El actor, en ejercicio del medio de control previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, alegó que la circular violó la cosa juzgada constitucional al basarse en una norma inexistente y retirada del ordenamiento jurídico, además de incurrir en falsa motivación por error de derecho.

Decisión y fundamentos jurídicos

El Consejo de Estado analizó los argumentos y concluyó que la circular efectivamente violó la cosa juzgada constitucional. Se recordó que las sentencias que declaran la inexequibilidad de normas hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que ninguna autoridad puede reproducir ni aplicar disposiciones declaradas inexequibles mientras subsistan las causas que motivaron dicha declaratoria. Asimismo, se determinó que la circular incurrió en falsa motivación por error de derecho, ya que fundamentó su actuación en una norma declarada inexequible, lo que afecta la validez del acto administrativo. Se resaltó que la falsa motivación implica la ausencia de correspondencia entre los motivos expuestos en el acto y la realidad jurídica, configurando una causal de nulidad. En cuanto a la devolución del arancel judicial, el Consejo de Estado precisó que la sentencia de inexequibilidad tuvo efectos ex nunc, aplicándose a partir del 20 de marzo de 2014, por lo que solo proceden devoluciones respecto a pagos realizados con posterioridad a esa fecha. Por tanto, la circular actuó ajustadamente en este aspecto.

Implicaciones y conclusiones

La nulidad de la circular implica que no puede ordenarse la devolución del arancel judicial en los términos que la Ley 1653 preveía, dado que esta fue retirada del ordenamiento jurídico. Esta decisión reafirma la obligatoriedad y efecto vinculante de la cosa juzgada constitucional, evitando que actos administrativos se funden en normas inconstitucionales. Finalmente, no se impuso condena en costas al tratarse de un asunto de interés público. La providencia fue adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo en sesión del 8 de mayo de 2024 y debe ser cumplida y archivada conforme a derecho, reafirmando el compromiso del Estado con la seguridad jurídica y el respeto a la Constitución.

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Consejo de Estado declara nulidad de circular sobre arancel judicial por violar cosa juzgada constitucional

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