Contexto y antecedentes del caso

El caso surge a partir de una demanda interpuesta por una universidad pública contra los actos administrativos por medio de los cuales se otorgó el título profesional de abogado a un egresado. La universidad argumentó que el título fue conferido sin que el graduado cumpliera con la totalidad de los requisitos académicos exigidos, en particular la presentación y aprobación de los exámenes preparatorios previstos en el reglamento interno. Tras la denuncia de irregularidades en el registro y calificación de dichos exámenes, la institución conformó un equipo para revisar los procesos académico-administrativos relacionados. La investigación evidenció que, aunque el sistema académico indicaba que el egresado había aprobado todos los exámenes preparatorios, solo contaba con soporte documental de haber aprobado tres de siete exigidos.

Marco normativo y autonomía universitaria

El Consejo de Estado recordó que la autonomía universitaria está consagrada en la Constitución Política, permitiendo a las instituciones educativas superiores establecer sus propios reglamentos y requisitos para la obtención de títulos profesionales. La Ley 30 de 1992 y acuerdos académicos internos regulan estos aspectos, estableciendo que los estudiantes deben cumplir con actividades curriculares, entre ellas la presentación y aprobación de exámenes preparatorios para optar por el título de abogado. La jurisprudencia ha confirmado que estos requisitos son vinculantes y deben ser respetados, dado el compromiso social que implica la formación de profesionales del derecho.

Decisión y fundamentos

El Consejo de Estado concluyó que los actos administrativos que otorgaron el título al egresado están viciados de nulidad por haberse expedido sin que se cumpliera con el requisito de aprobar la totalidad de los exámenes preparatorios....