Antecedentes del caso

Se presentaron recursos de apelación contra la decisión inicial que negó la pérdida de investidura de un concejal del Distrito de Barrancabermeja, quien fue acusado de destinar indebidamente recursos públicos al suscribir un contrato de prestación de servicios para el desarrollo de un plan de bienestar social, laboral e incentivos para los funcionarios del Concejo Distrital. El contrato incluía gastos como transporte, alojamiento y alimentación en un viaje a Santa Marta, que según los solicitantes, contravenían las disposiciones legales vigentes.

Argumentos y procedimiento

Los solicitantes argumentaron que la contratación y la consecuente ejecución del plan de bienestar social representaban una desviación en la destinación de los recursos públicos, al incluir incentivos prohibidos y pagos de salarios durante permisos no autorizados. Por su parte, el concejal acusado alegó que el contrato se ajustó a la normativa aplicable, que el plan de bienestar social es un derecho de los servidores públicos y una obligación de la administración, y que el contrato no fue ejecutado, pues se liquidó bilateralmente antes de su cumplimiento. El proceso incluyó la admisión de la demanda, la acumulación de solicitudes, la realización de audiencias públicas y la presentación de pruebas documentales relacionadas con el estudio de mercado, la invitación pública, el contrato, el acta de inicio y la liquidación anticipada.

Análisis jurídico

La Sala recordó que la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos exige la existencia de una conducta que implique la utilización de recursos públicos para fines no autorizados, distintos a los asignados, prohibidos o injustificados, y que dicha utilización se materialice en una afectación...