Objeción por inconstitucionalidad: competencias territoriales y ambientales

La objeción gubernamental señala que el proyecto de ley vulnera el numeral 7 del artículo 313 de la Constitución Política, al otorgar a las autoridades ambientales funciones de vigilancia y control sobre acciones urbanísticas que corresponden exclusivamente a los municipios. Según la Constitución y la Ley 388 de 1997, las competencias en materia de ordenamiento territorial y acción urbanística recaen en los municipios, quienes deben gestionar los planes de ordenamiento territorial (POT). Por tanto, asignar a las autoridades ambientales funciones relacionadas con el control urbanístico implicaría un desconocimiento de la autonomía territorial municipal. Además, se destaca que las Corporaciones Autónomas Regionales tienen competencias para ejecutar políticas y programas ambientales, pero no para intervenir en asuntos urbanísticos que son privativos de los municipios.

Objeción por inconveniencia: imprecisiones técnicas y conflictos de competencia

En cuanto a la inconveniencia, el Gobierno advierte que el proyecto contiene imprecisiones técnicas que dificultarían su ejecución. Por ejemplo, se señala que las autoridades ambientales no tienen competencia para expedir políticas, función que corresponde a los ministerios, particularmente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuanto cabeza del Sistema Nacional Ambiental. Asimismo, el proyecto unifica indebidamente los conceptos de aguas subterráneas y acuíferos, cuando son definidos separadamente en la normativa vigente. También se identifica una confusión en la identificación de los humedales como instrumentos de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, cuando en realidad son ecosistemas, lo que afecta la claridad y aplicación de la norma. Se advierte además la ausencia de referencias a sistemas de información ambiental existentes, como el Sistema de Información...