Antecedentes y contexto

Las salas especiales de seguimiento a las sentencias SU-020 de 2022 y T-025 de 2004 emitieron el auto 244 de 2025 para solicitar información sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo. Diversas entidades nacionales y territoriales presentaron informes sobre las medidas adoptadas para atender integralmente a la población firmante del acuerdo de paz y a las víctimas de desplazamiento forzado en esta zona. Posteriormente, la Defensoría delegada para los derechos de la población en movilidad humana solicitó copia de dichos informes, invocando el principio de publicidad en las actuaciones judiciales y el interés especial en el seguimiento a la emergencia.

Consideraciones de la Corte Constitucional

Las salas especiales reconocieron el derecho al acceso a la información pública, amparado por el principio de máxima publicidad, y autorizaron la remisión de copias de los informes, salvo aquellos documentos que tienen carácter reservado. La Corte señaló que la Defensoría del Pueblo, como autoridad administrativa y organismo de control, está legalmente facultada para solicitar información incluso de carácter reservado, siempre que sea para el adecuado ejercicio de sus funciones. Además, se destacó que la solicitud está directamente vinculada con las competencias de la Defensoría delegada en materia de protección de los derechos de la población en movilidad humana, lo que incluye a las víctimas de desplazamiento forzado. La Corte también enfatizó la responsabilidad de la autoridad receptora de asegurar la reserva y custodia de la información entregada.

Resolución y alcance

En consecuencia, se autorizó la remisión de los informes, incluidos aquellos sometidos a reserva legal, exclusivamente para uso de la Defensoría delegada en el marco del seguimiento a las acciones gubernamentales para atender la crisis humanitaria en el Catatumbo. Asimismo, se trasladó la responsabilidad de la reserva de la información a dicha dependencia, garantizando así el tratamiento adecuado conforme a la normativa constitucional y legal vigente. Esta decisión refuerza la transparencia y el control social en procesos sensibles relacionados con derechos humanos y atención a poblaciones vulnerables, respetando al mismo tiempo los límites legales para la protección de información reservada. De este modo, se fortalece el compromiso institucional con la garantía de derechos y la adecuada atención a las necesidades de las comunidades afectadas por la crisis en el Catatumbo, permitiendo un seguimiento riguroso y efectivo de las medidas adoptadas por el Estado.

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La Corte Constitucional autoriza remisión de informes sobre crisis humanitaria en el Catatumbo a Defensoría del Pueblo

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