La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones, resolvió un conflicto aparente de competencia suscitado entre dos juzgados relacionados con una acción de tutela promovida en un proceso de insolvencia. El caso se originó cuando un juzgado admitió la tutela contra varias autoridades judiciales, pero decidió excluir de su competencia a un juzgado municipal con base en reglas de reparto administrativas. El juzgado excluido manifestó su falta de competencia y planteó el conflicto negativo de competencia, remitiendo el expediente a la Corte Constitucional. La Sala Plena explicó que la solución de estos conflictos corresponde, en principio, a la Sala de Casación Civil, Familia y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, pero ante la necesidad de garantizar la celeridad y eficacia propias de la acción de tutela, decidió asumir el conocimiento del asunto. La Corte recordó que la competencia en materia de tutela se determina según tres factores: territorial, subjetivo y funcional. Advirtió que la escisión de las demandas de tutela con base en reglas administrativas de reparto, que no corresponden a estos factores, contraviene la jurisprudencia constitucional y puede afectar negativamente el acceso efectivo a la justicia. En el caso concreto, la Sala Plena reprochó la actuación del juzgado que escindió la acción de tutela, pero validó la división para evitar retrotraer las actuaciones y generar dilaciones. Por esa razón, dejó sin efectos el auto del juzgado que declaró su falta de competencia y remitió el expediente para su trámite y decisión al mismo juzgado. Finalmente, la Corte emitió advertencias a los juzgados involucrados para que, en adelante, se...