Contexto y antecedentes

La Corte Constitucional revisó las acciones de tutela presentadas contra decisiones judiciales del Consejo de Estado y tribunales administrativos que declararon la caducidad de demandas de reparación directa interpuestas por familiares de víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército Nacional. Los casos se vinculan a hechos ocurridos entre 2005 y 2007, en los que se alega la participación estatal en homicidios de personas protegidas. Los actores acudieron inicialmente a la jurisdicción penal militar y ordinaria, a la Procuraduría General de la Nación y posteriormente a la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar reparación integral.

Reglas jurisprudenciales sobre caducidad y tutela contra providencias judiciales

La Sala reiteró las reglas de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, estableciendo que el término de caducidad se computa desde que los afectados conocen o deben conocer la participación del Estado y la posibilidad de imputarle responsabilidad. Se reconoce la necesidad de un enfoque flexible y pro víctima que contemple obstáculos materiales para ejercer oportunamente la acción. Respecto a la tutela contra providencias judiciales, se recordó que procede de forma excepcional, especialmente cuando se trata de decisiones de altas cortes, requiriendo una argumentación cualificada que demuestre una actuación manifiestamente arbitraria o contraria a derechos fundamentales.

Decisiones sobre los tres expedientes analizados

En el primer expediente, la Corte declaró improcedente la acción de tutela debido a la falta de identificación clara de defectos específicos contra la providencia judicial, pese a reconocer la especial situación de las...