Contexto y sanción impuesta

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una multa individual de más de tres millones setecientos mil pesos a una pareja de campesinos por la tala de cuatro robles sin permiso, además de ordenar la siembra de cien árboles nativos por cada uno como medida compensatoria. La sanción se basó en la vulnerabilidad ecológica de la especie y en la normativa ambiental vigente. La pareja reclamó que la multa era desproporcionada, dado que la tala se realizó en un contexto de extrema necesidad durante la pandemia de Covid-19, en condiciones de pobreza extrema y sin acceso a servicios básicos.

Decisiones judiciales y revisión constitucional

Los jueces de primera y segunda instancia declararon improcedente la tutela presentada, argumentando la existencia de medios judiciales ordinarios para controvertir la sanción. Sin embargo, la Corte Constitucional consideró que, dadas las circunstancias socioeconómicas y la condición de especial protección constitucional del campesinado, la acción de tutela sí procedía como mecanismo definitivo de protección. Se destacó que los medios ordinarios no eran idóneos ni eficaces para garantizar una protección oportuna y adecuada.

Principios constitucionales y análisis de proporcionalidad

La Corte recordó el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección, con derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales. Se resaltó la necesidad de armonizar la protección ambiental con los derechos del campesinado, considerando su relación particular con la tierra y el territorio. En materia de sanciones ambientales, la Corte enfatizó el respeto al debido proceso administrativo y al principio de proporcionalidad, que exige que las sanciones sean idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales.

Conclusiones y órdenes de...