Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada por un servidor público de carrera, perteneciente a una comunidad indígena y víctima del desplazamiento forzado, contra la Procuraduría General de la Nación. El reclamante solicitó el traslado y la autorización para ejercer sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo autónomo desde la ciudad donde reside su familia. Las solicitudes fueron negadas por la entidad, argumentando la inexistencia de un cargo equivalente en la ciudad solicitada y el incumplimiento de requisitos internos para el teletrabajo. Las instancias judiciales anteriores declararon improcedente la tutela, aduciendo la configuración de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, la Sala Segunda de Revisión comprobó que no existía identidad de objeto ni de causa con tutelas previas, pues la acción actual invocaba nuevos derechos y hechos posteriores.

Análisis de la Corte Constitucional

El derecho al trabajo y teletrabajo es un derecho fundamental protegido constitucionalmente, especialmente para servidores públicos de carrera que gozan de estabilidad y deben desempeñar sus funciones en condiciones dignas. La modalidad de teletrabajo, reconocida legalmente, puede adaptarse para facilitar la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad, como víctimas del conflicto armado o miembros de comunidades indígenas. La Corte destacó que el servidor público solicitante ha presentado múltiples peticiones fundamentadas en su condición personal, familiar y cultural, con diagnósticos médicos que evidencian afectaciones en salud mental y física, y que afectan también a su núcleo familiar, incluyendo hijos menores de edad. Respecto al traslado, la entidad justificó la negativa por la inexistencia de un cargo con las mismas características en la ciudad solicitada, lo cual fue considerado razonable...