Contexto y entidad emisora

La Resolución 2025025771, publicada en el Diario Oficial No. 53.159 el 24 de junio de 2025, fue expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), establecimiento público adscrito al Ministerio de Salud. Esta entidad tiene como misión la vigilancia sanitaria y el control de calidad de medicamentos, alimentos, dispositivos médicos y otros productos vinculados a la salud pública. La resolución está amparada en diversas normas constitucionales y legales, como la Constitución Política de Colombia, la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), y decretos relacionados con la simplificación de trámites y la función pública.

Tema principal y destinatarios

El tema central de la resolución es la reglamentación del trámite interno para la gestión de Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y Denuncias (PSQRD) presentadas ante el Invima. El documento establece procedimientos claros y precisos para la recepción, radicación, atención y respuesta de estos trámites, con el propósito de asegurar el cumplimiento del derecho fundamental de petición consagrado en la Constitución y facilitar la interacción entre los ciudadanos y la entidad. Los principales destinatarios son los ciudadanos, servidores públicos, entidades públicas y particulares que interactúan con el Invima, ya sea para solicitar información, presentar quejas o denunciar irregularidades.

Objetivo y finalidad

La finalidad de esta resolución es actualizar y normar el procedimiento interno para atender las PSQRD, garantizando respuestas oportunas, claras y fundamentadas, dentro de los términos legales establecidos. Además, busca mejorar la transparencia, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos que ofrece el Invima, en consonancia con los principios constitucionales de la función administrativa, como la moralidad, igualdad, celeridad y publicidad.

Principales decisiones y regulaciones

La normativa define exhaustivamente cada tipo de petición, sugerencia, queja, reclamo y denuncia, diferenciando entre peticiones de información, documentos, consultas, análogas, incompletas, irrespetuosas, oscuras y reiterativas. Establece los canales oficiales para la radicación de estas solicitudes: medios electrónicos (correo y portal web), atención presencial y telefónica. Se fijan términos específicos para la respuesta de cada tipo de trámite, entre los cuales destacan: quince días hábiles para peticiones generales y reclamos, diez días hábiles para solicitudes de documentos e información, cinco días hábiles para solicitudes hechas por congresistas y treinta días para consultas complejas. La resolución también prevé mecanismos para gestionar peticiones incompletas, priorizar aquellas que involucren derechos fundamentales o situaciones de urgencia, y atender peticiones reiterativas mediante respuestas consolidadas. En materia de protección de datos personales, se asegura el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, garantizando la confidencialidad y el manejo adecuado de la información suministrada por los peticionarios. Asimismo, se regula el tratamiento de información reservada o exceptuada conforme a la Ley 1712 de 2014, estableciendo procedimientos para la eventual revisión judicial de decisiones que nieguen acceso a información. La resolución asigna la competencia para responder las peticiones a los jefes o coordinadores de las dependencias relacionadas con la materia, permitiendo delegar esta función en servidores públicos asesores si es necesario. Finalmente, se establece que el incumplimiento de los términos y procedimientos puede ser objeto de sanciones disciplinarias conforme a la Ley 1952 de 2019 y sus modificaciones.

Base legal y derogaciones

Esta reglamentación se fundamenta en un amplio marco normativo que incluye la Constitución Política, leyes específicas sobre derecho de petición, transparencia, protección de datos, y función pública, así como decretos que regulan la simplificación administrativa y la responsabilidad disciplinaria. La resolución deroga expresamente la Resolución 12144 de 2005 y cualquier otra disposición que le sea contraria, actualizando así la regulación interna del Invima en materia de atención al ciudadano.

Impacto potencial

La implementación de esta resolución representa un avance significativo en la gestión administrativa del Invima, orientado a fortalecer la relación entre la entidad y la ciudadanía. Al establecer procedimientos claros y tiempos límites para la atención de las PSQRD, se promueve la transparencia, la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios públicos sanitarios, lo cual es fundamental para la confianza ciudadana y la protección de la salud pública. Además, la norma contribuye a la consolidación de un Estado más accesible y receptivo, facilitando el ejercicio de derechos como el de petición y el acceso a la información pública. Para los servidores públicos, la resolución clarifica responsabilidades y establece estándares de conducta, lo que puede traducirse en una administración más profesional y comprometida con los principios constitucionales. En conclusión, la Resolución 2025025771 del Invima es un instrumento esencial para garantizar una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que responda con prontitud y calidad a las inquietudes, sugerencias y reclamos de la sociedad en un ámbito tan sensible como el control sanitario y la vigilancia de productos vinculados a la salud. Esta actualización normativa reafirma el compromiso del Invima con la excelencia en el servicio público y la protección de la salud de los ciudadanos colombianos.