Contexto y emisión de la resolución

La Resolución 000452 de 2025 fue expedida el 19 de junio de 2025 por la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, y publicada en el Diario Oficial No. 53.159 el 24 de junio de 2025. Este acto administrativo responde a un incidente grave ocurrido el 15 de junio del mismo año, cuando la entidad sufrió un ataque cibernético que comprometió la disponibilidad de sus sistemas tecnológicos, incluyendo plataformas de información, correo institucional y página web.

Objeto y destinatarios de la resolución

El tema principal de la resolución es la suspensión temporal de los términos legales que rigen las actuaciones administrativas y procesales que se tramitan en la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. Esta suspensión abarca procesos como cobro coactivo, procedimientos precontractuales y contractuales, disciplinarios, así como la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y recursos contra actos administrativos. El destinatario principal de esta medida es tanto el personal interno de la entidad como los usuarios externos, incluyendo ciudadanos y funcionarios que interactúan con esta jurisdicción especializada. La relevancia de este público radica en que son quienes resultan directamente afectados por la interrupción de los servicios y procedimientos administrativos, los cuales requieren garantías de seguridad, transparencia y debido proceso.

Finalidad y medidas adoptadas

La finalidad de la resolución es proteger la integridad de los procesos administrativos y garantizar el cumplimiento del debido proceso, frente a la imposibilidad temporal de acceder a la información y sistemas afectados por el incidente cibernético. Se reconoce en la resolución que el ataque constituye una situación de fuerza mayor, imprevisible e irresistible, que justifica la suspensión de los términos para evitar perjuicios en la tramitación de los procedimientos. Entre las decisiones más importantes, se establece la suspensión de términos desde el 19 hasta el 25 de junio de 2025, inclusive. No obstante, la entidad mantiene sus actividades esenciales para asegurar la organización y funcionamiento de la jurisdicción especializada. Además, se habilita un canal provisional de atención a través del correo electrónico atencionalciudadano.jpmp@gmail.com y la atención presencial en la sede física ubicada en Bogotá, para la recepción de peticiones y requerimientos durante el periodo de contingencia.

Fundamentos legales

La resolución se fundamenta en diversas normas constitucionales y legales que regulan la función administrativa y garantizan los derechos de los ciudadanos. Entre ellas, destacan el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, que establece los principios rectores de la función administrativa, la Ley 489 de 1998 sobre organización administrativa, y la Ley 1437 de 2011 que regula el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Además, se invocan las facultades conferidas al Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial en el numeral 12 del artículo 54 de la Ley 1765 de 2015 y el numeral 13 del artículo 7° del Decreto 312 de 2021, que autorizan la expedición de actos administrativos para el adecuado funcionamiento de la justicia penal militar y policial.

Impacto y relevancia de la medida

La suspensión temporal de los términos administrativos tiene un impacto directo en la gestión de los procesos que maneja la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. Sin embargo, esta medida es necesaria para resguardar la seguridad y confidencialidad de la información, así como para asegurar la legalidad y el respeto por el debido proceso. La activación de canales alternativos de atención busca mitigar las dificultades que enfrentan los usuarios durante la contingencia, garantizando que sus solicitudes y recursos puedan ser presentados y atendidos de forma provisional. En este sentido, la resolución refleja un equilibrio entre la necesidad de proteger los sistemas y datos institucionales y la obligación de mantener el acceso a la justicia y a los servicios administrativos.

Conclusiones

La Resolución 000452 de 2025 representa una respuesta institucional responsable ante un incidente de ciberseguridad que afectó gravemente a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. La suspensión de términos y la habilitación de mecanismos provisionales son medidas que buscan proteger los derechos de los usuarios y la integridad de los procesos administrativos. Este caso pone de relieve la importancia de contar con protocolos sólidos de seguridad informática en las entidades públicas y la necesidad de respuestas ágiles que permitan salvaguardar el funcionamiento del Estado de derecho ante amenazas tecnológicas. Asimismo, destaca el compromiso con los principios constitucionales de transparencia, legalidad y debido proceso, incluso en situaciones adversas. Para consulta de la resolución, puede accederse al Diario Oficial No. 53.159 de fecha 24 de junio de 2025. La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial continuará informando a sus usuarios sobre cualquier novedad relacionada con la recuperación de sus sistemas y la reanudación normal de los términos administrativos. Mientras tanto, se recomienda a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir orientación y soporte durante este periodo de contingencia.