Antecedentes del caso

La DIAN modificó la declaración privada presentada por la empresa demandante, adicionando ingresos gravados y aplicando sanción por inexactitud, tras una auditoría basada en denuncias de presuntas ventas sin facturación y testimonio de un funcionario administrativo. La contribuyente corrigió voluntariamente su declaración, aumentando los ingresos reportados, y demandó la nulidad de los actos administrativos bajo el argumento de que la Administración no aportó pruebas contundentes que desvirtuaran la presunción de veracidad de su declaración.

Argumentos de las partes

La empresa sostuvo que las cotizaciones comerciales no constituyen evidencia suficiente para acreditar la existencia de ingresos omitidos, ya que representan solo ofertas y no ventas concretadas. Además, señaló que la Administración no valoró adecuadamente todos los medios probatorios y que la liquidación carecía de motivación suficiente. También destacó que la corrección voluntaria de la declaración no implicaba reconocimiento de omisión en los ingresos adicionados por la DIAN. Por su parte, la DIAN argumentó que existían pruebas suficientes, incluyendo registros contables, testimonio administrativo y consignaciones bancarias en cuentas de socios que evidenciaban ingresos no declarados. Sostuvo que, tras desvirtuar la presunción de veracidad, la carga probatoria se desplazó a la contribuyente, quien debía probar cuáles cotizaciones no se materializaron en ventas efectivas.

Decisión y fundamentos

El tribunal de primera instancia anuló los actos administrativos, concluyendo que las cotizaciones comerciales no son un medio idóneo para acreditar hechos generadores del IVA, pues no constituyen ventas reales ni se equiparan a facturas de venta. La Sala de apelación confirmó esta decisión, señalando que la Administración no cumplió con la carga probatoria exigida para desvirtuar la presunción de...