Antecedentes y solicitud de la demandante

La parte demandante interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra resoluciones de la UGPP que profirieron liquidación oficial por inexactitudes en autoliquidaciones y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, además de sanciones por omisión e inexactitud en períodos específicos. Solicitaron también la devolución de aportes realizados indebidamente, junto con intereses, y la condena patrimonial de la UGPP por los daños causados. Para acreditar los hechos y daños materiales, morales y de oportunidad, se solicitó la práctica de prueba testimonial de un testigo, con el fin de respaldar las pretensiones y demostrar los perjuicios ocasionados por la notificación del acto administrativo.

Decisión del tribunal y recurso interpuesto

El Tribunal Administrativo del Atlántico aplicó la figura de sentencia anticipada, fijó el litigio con las pruebas documentales aportadas y negó la práctica de la prueba testimonial solicitada. Fundamentó su decisión en que la petición no especificaba concretamente los hechos que el testigo debía probar, impidiendo así evaluar la conducencia y utilidad de la prueba, además de vulnerar el derecho a la contradicción y defensa de la parte demandada. Frente a esta decisión, la demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, argumentando que la prueba testimonial era pertinente, útil y conducente para demostrar los hechos y daños alegados, y que negar su práctica violaba el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

Consideraciones y resolución del Consejo de Estado

El Consejo de Estado revisó el recurso y confirmó la decisión del tribunal. Señaló que la petición de prueba testimonial no cumplía con los...