Contexto del caso

Un grupo de docentes universitarios que laboran bajo la modalidad de hora cátedra interpuso acción de tutela contra providencias judiciales emitidas por el Tribunal Administrativo y el Juzgado Administrativo, argumentando la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo en condiciones dignas. Los docentes solicitaban el reconocimiento y pago de prestaciones sociales equivalentes a las que reciben los profesores de planta, incluyendo cesantías, primas y bonificaciones proporcionales al tiempo laborado. Previamente, en procesos ordinarios, las autoridades judiciales reconocieron la existencia de una relación laboral subordinada entre los docentes hora cátedra y la universidad. Sin embargo, en la fase de ejecución de sentencias, las liquidaciones se limitaron a incluir solo algunas prestaciones sociales (prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y prima de servicios), lo que motivó la interposición de la acción de tutela.

Fundamentos y argumentos

Los docentes accionantes alegaron defectos sustantivos y desconocimiento de precedente jurisprudencial constitucional, señalando que la liquidación debería incluir la totalidad de las prestaciones sociales reconocidas a los profesores de planta, en concordancia con la sentencia C-006 de 1996 de la Corte Constitucional, que establece el derecho a la igualdad en este ámbito. Por su parte, la universidad demandada defendió que las decisiones judiciales se ajustaron a derecho y que las liquidaciones se realizaron conforme a las sentencias base de ejecución y mandamientos de pago. Asimismo, señaló que la acción de tutela no cumplía con los requisitos de procedencia, en especial la relevancia constitucional y la subsidiariedad.

Decisión del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la improcedencia de la...