Antecedentes del caso

En noviembre de 2024, un ciudadano interpuso una acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Congreso de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Valle del Cauca y la Personería Municipal de Santiago de Cali. La demanda alegaba vulneración de derechos fundamentales de petición y al debido proceso por la falta de respuesta a una solicitud presentada en octubre de 2024. Esta petición requería información sobre el presupuesto destinado a la justicia de paz en Santiago de Cali, la orden de compra de elementos para jueces de paz y de reconsideración, y detalles sobre el manejo del presupuesto. Mediante sentencia del 7 de febrero de 2025, el Consejo de Estado amparó el derecho fundamental de petición y ordenó a las entidades involucradas responder en un plazo de 48 horas. Posteriormente, en marzo de 2025, se confirmó esta orden. En abril de 2025, el solicitante pidió la apertura de un incidente de desacato contra el Consejo Superior de la Judicatura por presunto incumplimiento, solicitud que fue evaluada inicialmente.

Decisión y consideraciones

El 19 de mayo de 2025, el despacho decidió abstenerse de abrir el incidente de desacato, dado que se comprobó que el Consejo Superior de la Judicatura sí respondió a la solicitud original. Sin embargo, en junio de 2025, se presentó una nueva petición para abrir un incidente de desacato, esta vez relacionada con una solicitud presentada el 13 de mayo de 2025, diferente a la que fue objeto de la tutela. El Consejo de Estado recordó que el incidente de...